La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la indefinición jurídica del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria representa un grave riesgo para el respeto y garantía de los derechos humanos.
La dependencia emitió un posicionamiento respecto al acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020.
La CNDH expresó que el acuerdo es insuficiente respecto a la determinación del contenido de los términos “extraordinaria”, “fiscalizada”, “subordinada” y “complementaria” con lo que se falta al principio de certeza jurídica, pues no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de la Fuerza Armada.
Destacó que la situación es preocupante pues ante la indefinición jurídica podría establecerse un esquema permanente de participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, lo que es contrario a la Constitución y dentro de ella, a las obligaciones internacionales que tiene el Estado Mexicano en la materia.
Precisó que la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario, ante las circunstancias que justifican su intervención y el acuerdo no brinda elementos para respetar y garantizar dicha condición.
“Esa participación debe ser subordinada y complementaria a las labores civiles de seguridad. Y si bien el Acuerdo hace referencia a estos conceptos, no se cuenta con elementos concretos y definitorios sobre las exigencias de dicha actuación”, agregó.
Insiste que la participación de la Fuerza Armada en funciones de seguridad pública debe estar regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza conforme a estrictos criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.
Puntualizó que la CNDH dará seguimiento a la participación de la Fuerza Armada permanente en funciones de seguridad pública, de acuerdo con su carácter de organismo constitucional autónomo y conforme al mandato de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los Derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.