La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apretó el gasto que podrán hacer todas las dependencias del gobierno federal en lo que resta del año.
El 22 de mayo, la Subsecretaría de Egresos de Hacienda envió un oficio a los titulares de administración y finanzas de las instituciones, en el que les ordena, de manera “urgente y categórica”, no ejercer 75% del presupuesto disponible para las partidas correspondientes a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.
Este documento se deriva del decreto publicado el pasado 23 de abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las entidades del gobierno.
El capítulo 3000 Servicios Generales tendrá que recortar sus gastos en las erogaciones para energía eléctrica, agua, teléfono convencional, celular, internet, servicio postal, infraestructura de cómputo y arrendamiento de edificios.
También para asesorías científicas, técnicas, estudios e investigaciones, traducciones, impresiones de documentos oficiales y servicios de vigilancia, entre otros.
Incluye mantenimiento y conservación de inmuebles, lavandería, limpieza e higiene, jardinería, fumigación, comunicación social, publicidad, traslados, viáticos, congresos, convenciones, gastos funerarios, pagos de defunción, así como impuestos sobre nóminas.
En el 2000 Materiales y Suministros sufrirán las partidas para equipo de oficina, impresión, material estadístico y geográfico, consumibles informáticos, limpieza, productos alimenticios, materiales de construcción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes, aditivos, herramientas y refacciones.
“El decreto establece que las medidas de austeridad serán aplicables a todo el Poder Ejecutivo, incluyendo a los organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.
“La responsabilidad de la aplicación de las medidas contempladas en dicho ordenamiento corresponderá a los secretarios de Estado y a los directores de los organismos antes señalados”, describe el oficio de dos cuartillas y del cual EL UNIVERSAL posee una copia.
El documento fue firmado por Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de Hacienda, y Thalía Lagunas Aragón, oficial Mayor de la SHCP. En él se detalla que el decreto tiene vigencia a partir de su publicación, por lo que “los ejecutores del gasto deberán guardar congruencia con la entrada en vigor”.
Destaca que los titulares de las unidades de administración y finanzas de los ejecutores de gasto podrán realizar los ajustes o adecuaciones a sus presupuestos de egresos respectivos para adecuarse a la Ley Federal de Austeridad Republicana y otras normas aplicables.
“Para los capítulos 2000 y 3000 sólo se podrán realizar movimientos presupuestales cuando se dé cumplimiento a la medida de austeridad señalada en el presente escrito”, define el documento enviado a todas las dependencias de la administración federal.
También considera que, una vez que los ejecutores de gasto hayan acatado las medidas de austeridad y hayan reducido sus gastos 75% para dichos capítulos, entonces “podrán ejercer los recursos remanentes con cargo a las partidas que correspondan a dichos capítulos”.
Se agrega que, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se solicita que lo establecido en el oficio se comunique en el interior de las dependencias, de sus órganos administrativos desconcentrados y de las entidades que se encuentren bajo su coordinación sectorial.
“Lo anterior se hace extensivo para las unidades administrativas que, de acuerdo con sus atribuciones, fungen como coordinadores sectoriales”, se lee en el texto.
Decreto presidencial
El pasado 23 de abril, el Ejecutivo publicó un decreto en el DOF, en el que dio a conocer que no será despedido ningún trabajador, pero que no habrá incremento de personal.
Señala además que de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios hasta 25% y de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores.
De igual forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta presidente.
Asimismo, se cancelan 10 subsecretarías y se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos, entre otras medidas.
