-Asesinatos, amenazas de muerte, agresiones verbales, vejaciones, humillaciones, pornografía y hasta campañas difamatorias han sufrido cerca de 50 mujeres entre regidoras, síndicas y alcaldesas del 2016 al 2020, sin que haya castigo
-Hoy con la nueva legislación en Oaxaca, existe la promesa de que ahora sí se castigará severamente
“Me dicen gorda, fea, que doy las nalgas, que tengo panza porno, e incitan a secuestrarme a través de una campaña difamatoria en redes sociales”, denunció en diciembre del 2019 la regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables del municipio de Santa Lucía del Camino, Nallely Ortiz Jiménez, quien acusó al Edil morenista, Dante Montaño Montero y parte de su cabildo, quienes además no la llamaban a las sesiones ni le informaban de eventos relacionados con su regiduría.
Aída Hernández Moreno, presidenta municipal de Santiago Xanica, también víctima de violencia política declaró en marzo de este 2020: “iban por mí, pero no lograron su objetivo, por eso mataron a mi esposo el año pasado, a quien antes torturaron. No quieren entender que gané una elección y no me dejan gobernar desde palacio municipal, lo tiene tomado”.
En ese entonces responsabilizó a los dirigentes del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), quienes siempre habían tenido el poder en ese municipio y al verlo perdido iniciaron acciones de protesta de forma violenta también en la capital oaxaqueña. 
Carmela Parral Santos, presidenta municipal de San José Estancia Grande fue asesinada en agosto del 2019 a 7 meses de haber tomado el cargo. Su cuerpo y el de un delegado de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, con varios impactos de bala, fueron hallados en el interior de una camioneta Ford a la altura de la comunidad de El Faisán en la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.
Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva, fue destituida de su cargo el miércoles (27 de mayo de 2020) como directora del Instituto Municipal de la Mujer en el municipio de Oaxaca de Juárez por parte del Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín, bajo el argumento de no transmitir vía Facebook institucional la conferencia “Preservar la vida, la máxima necesidad en este tiempo”, del cual la funcionaria explicó que hubo fallas técnicas. La queja fue presentada en la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y el IEEPCO por violencia política en razón de género.
Estos son algunos de los casos recientes ocurridos en el estado de Oaxaca relacionados con violencia política por razón de género, problemática que hace pocos días no se encontraba legislada.
Registra IEEPCO dos posibles casos en 2020, Oaxaca de Juárez y Tlacolula de Matamoros
Carmelita Sibaja Ochoa, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y presidenta de la Comisión de Género y de Quejas y Denuncias del mismo instituto, informó que de este año se tienen dos posibles casos de violencia política en razón de género que se encuentran en investigación, uno en el municipio de Oaxaca de Juárez y otro en Tlacolula de Matamoros.
Destacó que en el proceso electoral pasado los casos más recurrentes de violencia política en la entidad fueron por sustitución de candidaturas, una vez que pasó el proceso electoral hubo renuncias de varias presidentas municipales en donde se detectó que eran intencionales y con el interés que síndicos asumieran los cargos como presidentes municipales.
Indicó que en el IEEPCO no hubo quejas como tal porque no había regulación sobre el tema y se les dio seguimiento a los casos a través de un observatorio integrado en la propia institución, propiciando mesas de diálogo para convencer a las candidatas de asumir los cargos para los que fueron electas y a las personas que podrían haber estado impidiendo que las mujeres electas gobernaran para que no se siguieran entrometiendo.
“No existía como tal un procedimiento en el instituto para investigar la violencia política en razón de género, sin embargo, se daba la atención con base en las normativas electorales que hablan del ejercicio del cargo y con ello se podían abrir procedimientos sancionatorios, actualmente tenemos un catálogo con 20 conductas que pueden constituir violencia política en razón de género y llegar a las sanciones”, argumentó.
Agregó que al IEEPCO corresponderá, una vez recibidas las denuncias, hacer las investigaciones, integrar los expedientes y a otras instancias como las jurisdiccionales resolver los asuntos para verificar si se constituye o no algún tipo de infracción a la normativa que pueda generar una sanción para él o la responsable.
Precisó que en esta entidad y de manera general en el país, el hecho de que las mujeres cada vez tengan mayor participación en los espacios de toma de decisiones en los cargos de elección popular, en la vida política, genera rechazo de los hombres que ven amenazados lo que consideran sus espacios y con ello hay respuestas de violencia en contra de estas mujeres para anular estos derechos.
“Es muy importante que se haya aprobado un cuerpo normativo que tiene como finalidad proteger a las mujeres no sólo en el ámbito político electoral sino también en cualquier espacio donde las mujeres pueden sufrir violencia por el solo hecho de ser mujeres, y que no les suceden a hombres”, insistió la consejera electoral.
Puntualizó que en el IEEPCO siguen trabajando para dar cumplimiento y atención a todos los posibles casos de violencia política en razón de género, principalmente a pocos meses de iniciar la etapa del proceso electoral intermedio en la entidad.
Consorcio Oaxaca documenta 50 posibles casos del 2016 al 2020
Del 6 diciembre del 2016 al 9 de marzo de 2020, la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad, capítulo Oaxaca, tiene documentados 50 posibles casos de violencia política por razón de género con base en fuentes hemerográficas.
Asesinatos, amenazas de muerte, agresiones verbales, amenazas a familiares para que las obliguen a dejar el cargo, acoso sexual, exclusiones de sesiones de cabildo, retención de salarios, despidos injustificados, campaña de desprestigio e impedimentos para que pudieran ser votadas, son algunas de las constantes violaciones a los derechos políticos de las mujeres de acuerdo al reporte de la organización.
Presidentas municipales, regidoras y síndica en funciones, candidatas y fotógrafa se encuentran en la lista de mujeres que han sufrido violencia política en razón de género donde los agresores son presidentes municipales, regidores, compañeros de trabajo y personas hasta ahora no identificadas.
No hay pretextos para sancionar violencia política contra mujeres, coinciden activistas
“La violencia política contra las mujeres en Oaxaca ahora podrá frenarse y no habrá pretextos”, coincidieron activistas feministas que calificaron como un logro el paquete de reformas aprobadas en la 64 legislatura local, para garantizar la participación de las mujeres en procesos electorales y sancionar actos de violencia política por razón de género”.
Anabel López Sánchez, feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres expuso que la violencia política en razón de género en Oaxaca se da sin distingos, en municipios que se rigen por partidos políticos y en los de Sistemas Normativos o de Usos y Costumbres.
“Se tienen muchos casos emblemáticos en esta entidad porque han colocado en el debate público todas las trampas establecidas por el patriarcado, vía los partidos políticos o los cacicazgos locales para impedir que mujeres puedan ejercer su cargo”, reveló.
La también fundadora del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres indicó que los casos de las síndicos Yareli Cariño en Pinotepa Nacional, Érika Molina en Santo Domingo Zanatepec, Herminia Quiroz en San Juan Colorado Jamiltepec y Elizabeth Sánchez en Tlacolula de Matamoros, son los más remarcados porque cuando hombres se vieron obligados a registrar planillas paritarias en tiempos de elecciones y tuvieron que poner en la lista a mujeres, al ganar los procesos las pretendían hacer renunciar amenazándolas con diversos actos de violencia.
Mencionó que otros casos son los de Presidentas Municipales, donde en 2016 partidos políticos en su intención de cumplir con la paridad, asignaron esos espacios en municipios pequeños que no les representaban ni muchos votos ni muchos recursos dejando al arbitrio de la persona que conforme a sus intereses le tocaba ser el candidato para que pusieran a la mujer que quisieran.
“Esta situación llevó a casos terribles como el de Irma Aguilar Raymundo, presidenta municipal de San Pedro Atoyac, a quien la pusieron de candidata sin preguntarle y se enteró hasta que se vio en la boleta electoral o el de Susana Alvarado Lozano a quien registraron y una vez en el cargo la quieren obligar a renunciar”, expresó.
Destacó que sin duda es en el ámbito municipal donde se registra mayor violencia política en razón de género contra las mujeres y la modalidad de este tipo de violencia es más recurrente, actualmente, en el ejercicio del cargo, sobre todo cuando son puestos de toma de decisiones como Presidencia Municipal, Sindicatura o Regiduría de Hacienda, donde se define el destino de los recursos municipales.
Anabel López Sánchez comentó que las reformas aprobadas en el Congreso local colocarán a las mujeres en otro escenario legal donde se puede llegar incluso a anular las elecciones, pero donde también especifica que entre los requisitos para registros de candidaturas se encuentra que la persona no haya sido sancionada por violencia política, familiar o que no cumplan como acreedores alimenticios.
“También creo que la participación de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales puede cambiar un poco el escenario, nos permitirá que las sanciones puedan ser más efectivas, más oportunas y el hecho de que tengamos un marco normativo federal y estatal un poco más sólido, nos permitirá tener más redes de acompañamiento institucional para aquellos casos de violencia política en contra de las mujeres”, puntualizó.
Por otra parte, la abogada feminista e integrante de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, consideró que las reformas aprobadas el jueves pasado son acciones de avanzada en la entidad pues incluye que la calificación de elecciones en municipios que se rigen por sistemas normativos pase por un tema de paridad.
Indicó que hasta un desafío importante será ahora que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el siguiente año se asigne, así como en el propio ejecutivo, recursos suficientes para que las acciones aprobadas en la reforma puedan ponerse en marcha.
Consideró que es destacado el papel de las legisladoras, que son mayoría en el congreso local, quienes se han asumido como partícipes importantes para generar propuestas que le apuestan a garantizar los derechos de las mujeres como a la participación política, y también de sancionar o poner en su lugar lo que implica la violencia política en razón de género.
Abundó que con las nuevas disposiciones, y una vez que sean publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se podrá también contabilizar de forma más precisa y detallada los casos de violencia política en razón de género en contra de las mujeres en esta entidad y exigir a autoridades que corresponda el cumplimiento de estas disposiciones.
