Los casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en nuestro Estado van en aumento, las autoridades encargadas de administrar justicia y de implementar políticas públicas para garantizar la seguridad de las mujeres no pueden continuar en la omisión.
La sociedad civil organizada cuenta con el registro de 835 mujeres desaparecidas en lo que va de la Administración del Gobernador Alejandro Murat, y en lo que va del 2020 tienen registrados 135 casos de desapariciones de mujeres en la entidad.
La Ley en materia de desaparición de personas para el estado de Oaxaca prevé la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda, la cual estará a cargo de un Comisionado Estatal elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Honorable Congreso del Estado, de la terna que enviará el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, así también prevé que la Fiscalía General del Estado cree la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, la cual será la encargada de investigar y perseguir los delitos vinculados a la desaparición de personas.
Toda vez que a más de ocho meses de la creación de la Ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Oaxaca existe omisión por parte del Titular del Ejecutivo y del Fiscal General del Estado para cumplir con lo mandatado en la citada Ley, en sesión ordinaria de la LXIV Legislatura, celebrada el día de ayer se aprobó el dictamen por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo para para que a la brevedad emita la Convocatoria pública, abierta, con participación activa de las y los familiares de personas desaparecidas, para el proceso de selección de la terna del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al Fiscal General del Estado para que cree la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y, al Titular del Poder Judicial del Estado para que todas las actuaciones sean apegadas a derecho y se garantice el acceso a la justicia a las víctimas del delito de desaparición, respetando en todo momento los derechos humanos y que todos aquellos casos que sean vinculados a proceso se resuelvan conforme a derecho y atendiendo a los tratados internacionales y la normatividad que protege y garantiza los derechos humanos de las víctimas teniendo como finalidad justicia y reparación del daño para las víctimas.
No podemos ser omisos ante lo que ocurre en nuestro Estado, es con la suma de todas y todos que lograremos garantizar seguridad y libertad para las mujeres.
