Derivado de la búsqueda que se lleva a cabo para dar con el paradero del niño Dylan Esaú Gómez Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se desmanteló una red de trata de niños que operaba en esta ciudad chiapaneca, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
En las diligencias de cateo llevadas a cabo por la FGE, se logró el rescate de 23 niños y la detención de tres mujeres, por lo cual la Fiscalía Contra la Trata de Personas inició la carpeta pertinente, informó el fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca.
Tres bebés entre los niños víctimas de la red de trata
La Fiscalía Contra la Trata de Personas realizó el cateo en un domicilio ubicado en el barrio Tlaxcala de San Cristóbal de Las Casas, logrando el rescate de 23 menores, entre ellos tres bebés de 3 meses, 12 meses, 20 meses de edad, y los demás de entre 2 y 15 años.
Obligaban a los niños a vender artesanías
Los niños eran obligados a vender artesanías en el centro de la ciudad con violencia física y psicológica. Mediante observación clínica de médicos especialistas los niños mostraron desnutrición y condiciones precarias, corroborando vulnerabilidad y riesgo.
Trata de personas en modalidad de trabajos forzados
Tres mujeres fueron presentadas al Ministerio Público por la trata de los menores: Maribel o María “N”, María Hortensia “N” y Juana “N”, de quienes se logró establecer su participación en el hecho que la ley califica como delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados.
El fiscal general puntualizó que los menores rescatados fueron atendidos por personal especializado de la FGE y posteriormente canalizados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema Estatal DIF Chiapas para su intervención y asistencia, otorgándole seguridad jurídica y resguardo correspondiente, exceptuando de esta condición a los lactantes en atención al principio de la menor separación de la familia, privilegiando el interés superior de la niñez, derivado de su condición de infante y su medio de alimentación.
Las investigaciones continúan con la finalidad de determinar responsabilidades. La FGE ratificó su compromiso para garantizar el Estado de derecho en todo el territorio chiapaneco.
