Fotos: Mario Romero
Víctimas y familiares de las personas asesinadas en la masacre de San Mateo del Mar, ocurrido en junio pasado, así como integrantes del Movimiento por la Acción Social, acusaron que este acto fue parte de la represión política ejercida por un grupo de priistas acostumbrados a tener el control social de la región.
Señalaron que es lamentable que desde el poder Ejecutivo se minimicen los hechos al hacerlos ver como un conflicto alejo entre comunidades, dejando ver las complicidades entre funcionarios, policías y en esta ocasión de la Guardia Nacional.
“Como en muchos municipios del estado de Oaxaca donde se excluye a las localidades, agencias, colonias y parajes pues no se les ha permitido participar en los procesos democráticos para elegir a sus autoridades ni tienen acceso a las participaciones económicas que aporta la federación”, mencionaron.
Recordaron que todo el conflicto se origina a partir de que en el 2017 ganó por primera vez un Presidente Municipal representado por las colonias cuyo antecedente se encuentra en el año 2010 cuando la ciudadanía perteneciente a colonias solicitó a la institución electoral cambiar el sistema rotativo mediante una consulta para definir el método de elección de sus autoridades.
Señalaron que un grupo de personas afiliadas al PRI y encabezadas por el ex presidente municipal Camerino Dávalos, el agente municipal José Luis Chávez y el alcalde mayor Esteban Santillán, quienes operan desde el Palacio Municipal desde 2017 han impedido que despachen las autoridades constitucionales, este mismo grupo excluía a mujeres con las que no había coincidencias políticas pero sí permitía la participación de mujeres priistas.
Precisaron que cuando el grupo de priistas perdió la cabecera municipal, ganando en algunas colonias como Huazatlán del Río, siguió ejerciendo presión cometiendo asesinatos para hacer retroceder los procesos democráticos en los que participaron 10 colonias, 3 secciones y tres barrios de los municipios de San Mateo del Mar.
“La masacre se explica como la represión política ejercida por un grupo de priistas acostumbrados a tener el control social de la región en el que la participación social de las comunidades periféricas para poner fin a su exclusión representa un progreso, es un avance en la lucha por la igualdad de derechos de todos los pobladores”, destacaron.
Aseguraron que pronunciamientos de otras organizaciones, académicos e intelectuales, quienes han sacado conclusiones sin fundamentos, dejan ver el servilismo, respaldan y encubren al sistema patriarcal que es propio de las instituciones y sociedad.
Exigieron que en los hechos haya verdad, justicia y garantía de la no repetición, así como reparación del daño a las víctimas.
