HOUSTON, Texas.- Grupos de asesoría jurídica demandaron el viernes al gobierno de Estados Unidos para tratar de impedir la expulsión de niños que han sido detenidos en hoteles por autoridades federales sustentadas en una declaración de emergencia por el coronavirus.
Los dueños del hotel Hampton Inn & Suites en McAllen, Texas, dijeron el viernes por la noche que terminaron con las reservaciones de habitaciones usadas para detener a menores. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) también confirmó que todos los niños habían sido sacados del hotel, dos días después de que The Associated Press informara que era uno de los tres hoteles utilizados casi 200 veces para la detención de niños, incluidos algunos de apenas 1 año de edad.
Pero el ICE se negó repetidamente a responder a las preguntas sobre a dónde se habían llevado los niños los contratistas, alegando un posible riesgo de seguridad.
“El gobierno de Trump está deteniendo a niños en secreto en hoteles, negándose a permitir que abogados tengan acceso a ellos, de forma que pueda expulsarlos de vuelta al peligro sin darles siquiera una oportunidad para que los niños demuestren que merecen asilo”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, que presentó una demanda a nombre del Texas Civil Rights Project, un grupo activista.
Gelernt dijo que era necesario demandar en nombre de menores no identificados “porque el gobierno está negándose a proporcionar cualquier información acerca de los niños”. La demanda fue incoada en una corte federal en Washington, y Gelernt dijo que buscaría incluir a cualquier menor detenido en el hotel hasta el jueves.
Datos del gobierno obtenidos por la AP muestran que hubo niños detenidos 123 veces en el hotel de McAllen en abril y junio. Castle Hospitality, que opera ese local, se negó a decir cuántas habitaciones habían sido reservadas para el uso del ICE o su contratista privado, MVM Inc.
Los otros Hampton Inn están cerca de los aeropuertos de Phoenix y de El Paso, Texas, según los datos obtenidos por la AP.
De acuerdo con la ley federal para combatir el tráfico humano y un acuerdo judicial, la mayoría de los niños que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México supuestamente tienen que ser enviados a instalaciones operadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y, a la larga, colocados con una familia que los patrocine.
Pero el gobierno del presidente Donald Trump dice que debe expulsar a esos niños para impedir la propagación de COVID-19, para lo cual se ampara en una declaración de emergencia efectuada en marzo por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Desde entonces han sido deportados al menos dos mil niños.
Algunos de los menores tienen apenas 1 año de edad y otros han sido detenidos en hoteles durante dos semanas o más, según datos gubernamentales obtenidos por la AP para abril y junio.
Roberto Lopez, del Texas Civil Rights Project, dijo que, cuando ingresó al hotel el viernes pasado, vio a personas vestidas con batas médicas que iban de habitación en habitación en el cuarto y quinto pisos del Hampton Inn para atender a los niños. Vio a un niño pequeño que se sostenía de una puerta mientras un adulto al otro lado de la misma jugaba con él.
Pero el jueves, cuando otro activista del grupo acudió al cuarto piso, tres hombres vestidos de civil le impidieron el paso, según un video que el grupo publicó en internet. Después de que los individuos le solicitaron una identificación, el activista gritó en español que era un abogado que intentaba ayudar. El video muestra a los hombres empujándolo y obligándolo a subirse a un elevador, al tiempo que ellos se negaban repetidas veces a identificarse.
El viernes, el ICE dijo que el abogado y otro individuo que iba con él eran personas que “intentaron obtener acceso por la fuerza” a un área en la que sus agentes contratados habían restringido el ingreso.
Un grupo de legisladores demócratas le escribieron el viernes al secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf, expresándole su “profunda preocupación” por la detención de niños en hoteles.
“Nos preocupa mucho que la orden de los CDC esté siendo objeto de un mal uso burdo para evadir las protecciones de asilo y bienestar infantil”, afirma la carta.
