La pandemia de Covid-19 obliga al Estado a reconstruir la relación con los pueblos y comunidades indígenas, no solo por conveniencia política sino por supervivencia de especie, afirmó el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, urgió estrechar las desigualdades sociales, y aseguró que es indispensable establecer un nuevo pacto social que permita la realización de acciones y políticas públicas afirmativas dirigidas a revertir la marginación, para terminar con una larga historia de discriminación, racismo y exclusión.
Agregó que la pandemia ha hecho más evidente la frágil condición en materia de salud, educación, trabajo, alimentación, vivienda en la que se encuentran muchos de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país y que con esta crisis se vino recrudecer.
Bernardo Rodríguez Alamilla urgió al Estado a comprometerse con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, es decir que de una vez por todas se les considere como verdaderos sujetos de derechos capaces de decidir sobre su propio destino.
Añadió que el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas implica comprender y atender sus necesidades específicas, por ejemplo, en el ámbito educativo que la política pública se construya desde una perspectiva intercultural en la que el modelo curricular considere la pertinencia cultural y lingüística para toda la población indígena asumiendo la diversidad de las comunidades indígenas.
El ombudsman detalló que una nueva relación con los pueblos indígenas implica la garantía en el acceso a los servicios de atención de la salud, además de que se les brinde infraestructura técnica y humana para poder hacer frente a la pandemia por Covid-19, pero también a situaciones fuera de ella por lo cual las políticas públicas en la materia deben ser culturalmente adecuadas e incluir la visión de las prácticas medicinales y sanitarias de las comunidades indígenas y coadyuvar en su conservación.
Sostuvo que el eje rector de las políticas públicas en México y Oaxaca debe girar en torno al derecho de los de los pueblos indígenas a ser consultados para obtener su consentimiento previo, libre e informado, pues con ello logrará que sus visiones y necesidades sean consideradas al momento de formular e implementar dichas políticas públicas.
Resaltó que para superar las desigualdades sociales que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas es necesario que se respete plenamente el derecho que tienen a disfrutar de los recursos naturales y a defender su tierra y territorio, incluido el derecho a permanecer en aislamiento voluntario, como un medio para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estilo de vida de las personas indígenas.
El Defensor de los Derechos del Pueblo de Oaxaca indicó que promover la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos indígenas permitirá que logren superar condiciones de pobreza y marginación, sin embargo, es fundamental respetar y robustecer sus sistemas de alimentación y de producción locales como medios para mantener la cohesión comunitaria.
Insistió en que construir un nuevo pacto social es urgente, sin embargo, para lograrlo se requiere el respeto de la identidad, instituciones, modelos de gobierno y formas de concebir el mundo que tienen los pueblos indígenas, además es imprescindible la preservación de las lenguas originarias para que su cultura sea sostenida en sus propias palabras respetando su voz y reconociendo su dignidad.
Rodríguez Alamilla reiteró que la crisis sanitaria, económica y social que se vive actualmente, puede convertirse en una oportunidad de generar cambios profundos que garanticen una nueva realidad para los pueblos indígenas sustentada en el enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.
