El escándalo de presunta corrupción en que se han visto envueltas algunas dependencias e instituciones del Gobierno de Oaxaca ha hecho eco en el Congreso Federal en San Lázaro y más fuerte aún en la 64 Legislatura del Estado en San Raymundo Jalpan, donde diputados han pedido que se cancelen algunas licitaciones “amañadas” como la de Semaedeso y pedirán ahora la intervención de la Secretaría de la Función Pública.
Oaxaca está en el ojo del huracán.
No es para menos, a pesar de que las presuntas irregularidades datan desde 2017 en dependencias como SINFRA, CAO, IOCIFED, COBAO y a ellas se suman las más recientes de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital donde despacha el “yupi” Eduardo José Herrerías López con licitaciones poco claras que en este espacio les hemos dado a conocer en una entrega anterior, lo cierto es que gozan de impunidad, no los investigan.
Desafortunadamente la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, cuyo titular es José Ángel Díaz Navarro, no ha dado resultados, está convertida en un enorme “elefante blanco”, donde hasta ahora se desconoce si ha emitido sanciones, únicamente hay la promesa de que se revisa, investiga, que los procesos son tardados, y como se cobijan en la Ley de que no pueden dar información, pues peor tantito.
Hoy les presentamos a nuestra amable audiencia un nuevo hecho de contratación de esta misma DGTID y en donde nuevamente sale embarrada la Secretaría de Finanzas, realizada apenas el pasado 17 de agosto de 2020, según copia del documento en poder de este espacio, en la que licitaron a la empresa Expertos en Cómputo y Comunicaciones S.A. de C.V., según la LPN-SA-SF-0014-08/2020 la contratación del servicio por un monto de $49,987,729.20 pesos.
Los trabajos consisten en la “contratación de un servicio integral para el aprovisionamiento, instalación, configuración de componentes y habilidades y puesta a punto de la Infraestructura de Telecomunicaciones para la migración de la plataforma de switching, conservación, supervisión y control de la infraestructura física para la continuidad de los servicios en materia de telecomunicaciones en Ciudad Judicial”, donde según reportes de los mismos empleados ni siquiera tienen internet en los edificios 7 y 8 de ese complejo administrativo.
Salta la inquietud que en la Licitación Pública Nacional solamente participó una empresa, Expertos en Cómputo y Comunicaciones S.A. de C.V., cuyo representante es Luis Eduardo Uribe Gutiérrez de acuerdo a la apertura del sobre de la propuesta técnica del licitante, quien solamente presentó copias simples para el requisito 6 del numeral 3.5.1 de las bases del presente procedimiento licitatorio, que debería ser motivo para la no aprobación de la misma, sin embargo, le dieron palomazo.
Según las bases del concurso solamente se presentó un licitante y por ello los servidores públicos que aprueban dicha licitación proceden a rubricar únicamente las proposiciones técnica y económica, refiere el documento.
En el documento de licitación aparece la firma de la solicitante, Aracely Ramírez Cruz del Departamento de Infraestructura Tecnológica de la DGTID de la Secretaría de Finanzas, ni siquiera viene el nombre de quien verdaderamente está realizando el “negocio”, perdón, la licitación, agarran a los más vulnerables, ellos se encubren, por eso no hay manera de cómo llamarlos a cuenta.
Por la Secretaría de Administración que es la convocante firma el Jefe de la Unidad de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales, Orlando Francisco de Jesús Sánchez; por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental rubrica Mayra Julieta Reyes Pérez y finalmente por la empresa beneficiada Expertos en Cómputo y Comunicaciones S.A. de C.V., Luis Eduardo Uribe Gutiérrez.
¿Ya vieron?…solo “charalitos”, los titulares de las dependencias están como dijo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “son como aves que cruzan el pantano y no se manchan”.
¡Qué tal!…Ahí lo tienen.
Realmente ¿para qué son esas contrataciones de sistemas digitales?…¿cuáles son los beneficios reales que tiene la administración pública y la ciudadanía oaxaqueña?, es muchísimo dinero, que bien valdría la pena se destinara mejor a la compra de medicinas de las y los niños con cáncer, o a otras carencias que son infinidades las que tiene la entidad, recordemos que la pandemia de covid-19 dio al traste con todo.
Otro punto que nos salta, ¿está enterado el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa de estas operaciones que realiza la Dirección General Tecnológica de Innovación Digital?…¿O lo hacen a sus espaldas?…¿o lo envuelven con sistemas “milagro”?, estamos hablando que las licitaciones vienen desde el 2017 y ésta que hoy les damos a conocer es la más reciente.
Se hace imprescindible una revisión puntual al tema, porque también está embarrada la Secretaría de Finanzas, que si bien es cierto, no firma su titular Vicente Mendoza Tellez, tuvo que haberse enterado de la contratación. Aquí no cabe aquella frase de que “no lo sabía”.
De nada sirve que “La Maléfica” como se le conoce públicamente al titular de SEFIN, haya pagado la deuda de Ciudad Judicial, si por otro lado permite que Eduardo José Herrerías López realice este tipo de contratación por casi $50,000,000.00 de pesos. Es un absurdo.
¿No se supone que estamos en grave época de austeridad?…¿Que no por eso le descontaron a los mandos medios y directores de su salario para destinarlo a la pandemia de la covid-19?…Ellos mismos han dicho públicamente que no hay dinero y estas contrataciones millonarias que aprueban son una verdadera incongruencia.
Por ello, es importante que las y los diputados del Congreso del Estado, cuyo presidente de la Junta de Coordinación Política es Horacio Sosa Villavicencio, intervengan ya, de manera enérgica, puntual, para exigir cuentas y se conozca de una vez por todas qué está pasando con este tipo de contrataciones, porque es un barril sin fondo.
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