Sin cortapisas, el nuevo presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Francisco Pablo Munguía Gaytán reconoció que son diversos factores que han fallado para dar los resultados esperados por los ciudadanos que exigen que los corruptos sean verdaderamente castigados.
Urge, dijo cambiar la percepción de la sociedad la cual ha demostrado su hartazgo ante la falta de acciones jurídicas en contra de aquellos personajes que se han beneficiado acosta del erario público.
Pero además se requiere de la asignación de mayores presupuestos a instituciones que conforman el Sistema Estatal y una Ley que impulse realmente la cultura de la denuncia.
“Son varios actores que están fallando. Tenemos que verlo más allá de un apasionamiento y de un mero oportunismo político”, manifestó.
Tras la escena que se vivió en el pleno del Congreso del Estado durante la comparecencia de integrantes del órgano, Munguía Gaytán consideró como prioritario trabajar en un plan emergente para dar resultados en lo inmediato y despresurizar políticamente lo que ocurrió.
El pasado 03 de agosto, el entonces presidente del Comité, Gaspar Jiménez Triste justificó ante diputados y diputadas los actos de corrupción al señalar que un funcionario que no percibe un buen salario puede incurrir en el delito, por lo que los legisladores consideraron su informe como un mero acto de simulación.
“Estamos dando un giro en donde se tiene que transparentar forzosamente los recursos destinados a la pandemia además tenemos que terminar las tareas incompletas ya que se ha dado la aprobación de la política estatal en materia de combate a la corrupción y seguir avanzando en las plataformas digitales”, expuso Munguía Gaytán.
Metas a corto y mediano plazo
El objetivo es demostrar a la ciudadanía que no existe impunidad, pero además reducirla, aceptó el nuevo titular del órgano ciudadano quien tomó protesta el pasado 18 de agosto, luego de la renuncia de Gaspar Jiménez Triste.
“Reducir la impunidad es realmente uno de los objetivos, uno de los ejes centrales del Sistema, podremos cambiar la percepción de la sociedad únicamente cuando vean que se ha castigado a quienes han cometido actos de corrupción”.
Se espera que en breve se pueda concretar la Ley Alertadores, que no es más que garantizar la seguridad de quienes interponen sus denuncias y de sus familias. Es un trabajo legislativo que se realiza en el Senado de la República y en la Secretaría de la Función Pública (SFP), bajo los estándares de la Organización de las Naciones contra la Delincuencia Organizada y el Delito.
“La denuncia ante actos de corrupción no se puede seguir haciendo como hasta hoy debido a que se está en juego hasta la vida, el patrimonio y la familia del ciudadano que denuncia, queremos que esté plenamente protegido”, manifestó
Sin presupuesto Fiscalía Anticorrupción
Aunque el Comité Ciudadano trabaja sin presupuesto más que los honorarios que le asigna el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de los 36 millones de pesos que le fueron asignados, expuso que los recursos para poder realizar algunas tareas tienen que salir de sus bolsillos de los que integran el órgano.
Pero además reconoció que la institución que menos recursos percibe, unos 30 millones de pesos, es la Fiscalía Anticorrupción, la cual es la única que puede solicitar órdenes de aprensión, pese a ello manifestó ve a un Fiscal comprometido, pero maniatado ante falta de dineros.
“Existe una confusión, el presupuesto de 36 millones de pesos se encuentra en manos de la Secretaría Ejecutiva y estos se tienen que ver reflejados ya en la política estatal de combate a la corrupción y en temas concretos como las plataformas digitales que deben ser accesible a los ciudadanos en donde se estén viendo las cifras en el tema de combate a la corrupción”.
No lo hemos estado haciendo solos, hemos recibido el apoyo de la Embajada Británica, la cual escogió a tres estados entre ellos Oaxaca además de Chihuahua y Jalisco, para poder brindar las herramientas de asesorías necesarias.
Errores cometidos para garantizar la transparencia
Consideró que entre los errores cometidos es que la percepción de los ciudadanos no ha cambiado y la única manera en que esto pase es ejercer castigo a quien cometa actos de corrupción pero además devuelva lo que se robó.
“Una de las cosas que más nos duele es la Fiscalía Anticorrupción, hasta la fecha carece de un presupuesto propio tal y como está marcado en sus decretos en donde se le ha estado otorgando cada vez mayor autonomía”.
Lo anterior al exponer que la Secretaría de Finanzas ha incurrido en omisiones, que fueron justificadas debido a que el proceso de desincorporación de la Fiscalía General no estaba concluida; sin embargo este año el proceso ya fue superado.
Agregó que otro de los factores es el Congreso del Estado, quien ha tenido en sus manos la posibilidad de modificar los presupuestos pero no lo ha hecho.
“Yo ya propuse y se está analizando esta situación que tengamos reuniones periódicas mensuales de coordinación y colaboración para ir viendo cómo va trabajando el Sistema que se necesita hacer, en dónde necesitamos trabajar en conjunto”.
Esto al reiterar que la Fiscalía Anticorrupción es la única que puede solicitar ordenes de aprensión tras ejemplificar que la Contraloría realiza auditorías en estructuras de gobierno, el Órgano de Fiscalización lo ejecuta a nivel municipal, ambas pertenecen al Sistema Estatal.
“Si se otorgaran los presupuestos, podríamos trabajar sin excusas ni pretextos y se vería como empieza a caer gente en la cárcel y de acuerdo a sus sentencias que devuelvan lo robado ya que esto es lo que quiere ver la ciudadanía”.
