Irregularidades por un monto de $311,746,456.3 pesos fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación a las finanzas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que derivó en denuncias de peculado, enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades contra el ex rector Eduardo Martínez Helmes, lo que mantiene en vilo al llamado “El Chapito” y su grupo selecto de funcionarios universitarios, quienes serán llamados a rendir cuentas si no hay comprobación de los dineros.
Durante la administración de Martínez Helmes fueron desviados los recursos a través de la empresa outsourcing “TAXX ANSWERS S.A. de C.V.”, proveedora de servicios de la UABJO que subcontrató alrededor de 352 personas, erogando por concepto de dichos servicios un total de $311,746,456.3 pesos y la asignación de plazas a personas que no cumplen el perfil para las mismas.
Las y los funcionarios educativos denunciados son: Eduardo Martínez Helmes, ex rector; José Elías Palomec Martínez, ex director de nóminas; Martha Mayra Solano, directora ejecutiva de Fundación UABJO A.C.; Manuel de Jesús M. M., académico y Arturo Pérez Aquino, administrador outsourcing TAXX ANSWERS S.A. de C.V.
Por demás indignante el saqueo que durante varias administraciones ha mantenido el selecto grupo de Eduardo Martínez Helmes, y al cual tampoco escapa el actual rector Eduardo Carlos Bautista Martínez. La historia es la siguiente.
Uno de los problemas más serios por los que atraviesa la institución tiene que ver con el manejo de los recursos autogenerados en las Escuelas o Facultades de la UABJO. Estos recursos son dispuestos por los directores sin que exista control absoluto de su manejo ni políticas de disposición del gasto.
Algunos de estos recursos se centralizan en su obtención en la Secretaria de Finanzas de la Universidad, pero la disposición final no tiene control. Basta con que el Director de Escuela o Facultad, solicite la expedición de un cheque o una transferencia de fondos a un supuesto proveedor, para que la Secretaría de Finanzas lo ejecute sin mayor investigación.
En la Facultad de Contaduría y Administración, su ex director Jhovany Cabrera Ramos ordenaba frecuentemente a la Secretaria de Finanzas de la UABJO, el pago de servicios a una proveedora de bienes y servicios que presuntamente es de su hermana y quien además se ocupaba de manejar las finanzas de esa Escuela, cayendo en un claro conflicto de interés y mal manejo del dinero público.
En las Escuelas de Contaduría y la de Derecho, se obtienen anualmente un promedio de $25,000,000.00 de pesos.
Así tenemos que en la Auditoria número OAX/FPES/2016 practicada a la UABJO por la Secretaria de la Función Pública para el ejercicio fiscal 2015, se observaron “operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa” por un monto de $20,309,662.70 pesos y la SFP solicitó el reintegro de este monto más las cargas financieras generadas a partir de la fecha y hasta el momento de efectuarlo a la Tesorería de la Federación.
En el cuarto informe trimestral del ejercicio fiscal 2016 del programa presupuestario U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en el rubro de gastos de operación, se observa un gasto de $54,873,690.00 pesos y en el segundo trimestre un gasto de $98,201,597.00 pesos, ambos suman la cantidad de $158,075,287.00 pesos lo cual representa un gasto excesivo para la universidad jamás antes visto.
Desde el periodo rectoral 2012-2016 a la fecha, se contrató a una empresa que se dedica a prestar servicios de outsourcing. Esta figura contractual y la clase de servicios que presta constituyen una práctica extendida en la sociedad mexicana.
El caso es que en la UABJO, la contratación de TAXX ANWERS, S.A. de C.V., empresa proveedora de esos servicios y por el que está denunciado “El Chapito”, se realizó sin haber cubierto los requisitos mínimos, además de que entre el entonces referido rector (Eduardo Martínez Helmes) y el dueño de la empresa señalada existe una relación de compadrazgo, con Arturo Pérez Aquino.
Así como el antecedente de que la empresa de referencia estuvo domiciliada en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec del estado, domicilio con el evidente propósito de ocultamiento y que pertenece a Julián Sánchez Luz, socio de Martínez Helmes en las empresas de banquetería que le surten a la UABJO, desde comida, lonas, todo el tema logístico de eventos, es una red en donde todos están enlazados.
En la UABJO, es bien sabido que las operaciones al amparo de la outsourcing se realizan, lo mismo para cubrir emolumentos de personas a quienes no se les desea otorgar prestaciones de seguridad social, que para personas que no realizan funciones dentro de la universidad, es decir, verdaderos prestanombres y aviadores cuyos sueldos se quedan, total o parcialmente en beneficio de las autoridades universitarias.
Sobre este particular la fiscalización ha sido sumamente deficiente, lo que es grave, pues la operación a través de la outsourcing ha sido la estrategia central para disponer irregularmente del subsidio universitario.
Esta práctica llevó a más de 450 trabajadores a presentar sus demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para exigir sus derechos laborales, pues al término de la administración 2012-2016 no percibieron su liquidación finiquita como lo marca la Ley Federal del Trabajo.
La nómina de la UABJO, cuyo monto alcanza más del 80% de las erogaciones relacionadas con el gasto corriente, no ha sido fiscalizada eficazmente, o cuando se ha revisado, ha sido irrelevante el resultado obtenido, no obstante que es el renglón más importante en términos del gasto.
Al respecto, quienes son docentes en las Escuelas, Facultades e Institutos, han observado el gran ausentismo que hay en las aulas. Un cálculo aproximado del ausentismo de docentes en las Facultades de Contaduría y Administración, así como en Derecho y Ciencias Sociales, arrojan más del 50% de recursos que se van al “caño de la corrupción”, pues no puede calificarse de otra manera al dispendio que en forma irresponsable permiten las autoridades universitarias, peor aún en tiempos de crisis financiera, al pagar remuneraciones por un servicio que no se recibe.
Es tan grave el problema del dispendio en el manejo de la nómina que siendo una de las obligaciones de transparencia más importantes que debe cumplir la UABJO, nunca se ha publicado en la página correspondiente la información acerca de las personas que laboran y perciben un salario en la misma.
Es importante mencionar que el manejo de la nómina está a cargo de la Titular de la Secretaría de Finanzas, Verónica Esther Jiménez Ochoa afín al anterior y actual rector, es quien maneja directamente las altas de los maestros, sin que de ello tenga conocimiento la Secretaría de Administración y su Dirección de Recursos Humanos. Se estima que alrededor de 160 maestros se encuentran en situación de irregularidad.
En el ejercicio 2019, la UABJO recibió en total $1,312´629,000.00 pesos de los cuales 1,066,387.00 en concepto de servicios personales que representa 81.24 % del total de presupuesto asignado. Este año 2020, recibió asignación ordinaria presupuestal de $1´082, 938,553.00 pesos, de los cuales el 89.45% es aportación federal y el 10.54% es estatal.
En la administración de Eduardo Carlos Bautista Martínez, quien forma parte del grupo selecto de “El Chapito”, se han realizado más de 200 contrataciones de personal, el cual no ha ingresado atendiendo al Estatuto de Personal Académico. Dicho personal se encuentra en su mayoría en la Facultad de Contaduría y Administración y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Recientemente se realizó una brevísima inspección por parte de la ASF también a la institución denominada Bachillerato Especializado en Contaduría y Administración (BECA) y, en la muestra seleccionada se detectaron importantes ausencias de profesores y personal de base.
Al respecto las autoridades centrales dieron orden de “justificar” las ausencias, para que no tenga repercusiones el hallazgo. Previamente a la inspección, el Director de esa institución educativa, Jhovany Cabrera Ramos conminó a los docentes a estar presentes el día en que se llevaría a cabo la inspección por parte de los auditores de la ASF.
Eso es solamente el botón de muestra, dentro de tantas anomalías, que permite visualizar la falta de eficacia en la fiscalización que se ha venido realizando en la UABJO.
FUNDACIÓN UABJO, SIRVE PARA CONTRATAR ARTISTAS QUE PAGAN CON FONDOS FEDERALES
En la Universidad existe una entidad denominada “Fundación UABJO”, que funciona mediante la canalización de donativos de los alumnos, en lugar de promover la obtención de fondos externos.
En el exceso de su liberalidad para funcionar, dicha fundación contrata artistas para ofrecer conciertos al público, que se pagan con fondos federales. Al respecto se tiene conocimiento que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado parte de esas irregularidades, sin embargo no hay un informe de la forma en que se solventaron o no esas anomalías.
Ante el gravísimo daño patrimonial a la UABJO, la otrora Máxima Casa de Estudios, se hace indispensable que las autoridades educativas informen sobre la fiscalización a la discrepancia entre el saldo respecto a los fondos federales 2015, mismos que en el tercer informe trimestral, julio- septiembre de ese mismo año, reportaron un monto a ejercer por la cantidad de $303,860,570.06 pesos, mientras que en los bancos solamente existían $109,011,885.42 al cierre de ese trimestre.
También sobre si solventaron la observación hecha por la ASF en la auditoría practicada al ejercicio 2016, en la que se detectaron 210 personas que no se localizaron en sus centros de trabajo, en una muestra de 523 trabajadores y que representan un monto de $29,372,045.36 pesos.
De igual forma deben informar sobre si solventaron las observaciones a los pagos realizados a 46 personas comisionadas a sindicatos, con monto de $12,453,788.86 pesos y pagos de 24 trabajadores que cuentan con categoría de exdirectores, que alcanzan un monto de $13,007,548.76 pesos.
La UABJO ha sido objeto de auditorías en diversos periodos, tanto por parte de la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaria de la Función Pública y el Órgano Fiscalizador a nivel local, sin embargo, estos órganos fiscalizadores han sido omisos en la determinación de irregularidades evidentes, cuya persistencia le causa daño a una noble institución, con graves limitaciones y carencias económicas a tal grado que hoy forma parte de un grupo de diez universidades que padecen serios problemas financieros y deben ser atendidos por el Gobierno Federal.
Por tanto, en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, tiene que transparentarse puntualmente el manejo financiero, pues existen irregularidades que trascienden a la viabilidad de dicho centro de estudios y, por tanto, tales irregularidades deben ser sancionadas.
No es posible que en la administración 2012-2016, la asignación de tiempos completos se hicieron para familiares, compadres y amigos del ex rector, Eduardo Martínez Helmes, sin cumplir con los requisitos que exige la convocatoria que para tal efecto publica la Subsecretaria de Educación Superior.
Es urgente que haya sanción ejemplar para quienes han depredado la UABJO y que los gobiernos federal y estatal vayan por su rescate educativo y financiero.
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