El Senado dio entrada al aviso de intención de la morenista Yeidckol Polevnsky para realizar una consulta popular para enjuiciar a ex presidentes por presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país.
De acuerdo con la constancia que acredita el aviso de intención, a la cual MILENIO tuvo acceso, se informa que se designó a Aarón Alejandro Alvarado Cisneros – del Comité Ejecutivo Nacional de Morena- como representante ciudadano.
El documento está firmado por el presidente del Senado, Eduardo Ramírez.
Se espera que en las próximas horas los senadores de la bancada de Morena presenten también su solicitud, a la presidencia de la Mesa Directiva.
Delito imprescriptible
Salomón Jara, senador de Morena, presentó una iniciativa de ley para modificar la Constitución a fin de que el delito de corrupción cometido por servidores públicos o particulares sea imprescriptible.
Con esta propuesta que modificaría los artículos 109 y 114 de la Carta Magna, se pretende que el simple vencimiento de los plazos legales establecidos no garantice la impunidad de sus responsables y el Estado pueda ejercer sus facultades punitivas sin límites temporales.
En la exposición de motivos de su iniciativa, el legislador por Oaxaca mencionó que la corrupción puede presentarse en distintas modalidades.
Ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones.
Tráfico de influencias, cohecho, cohecho de servidores públicos extranjeros, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos contra la administración de justicia.
Actualmente estos delitos tienen una prescripción que va de los cuatro a ocho años.
Señala que la magnitud, gravedad, trascendencia y efectos de los delitos por hechos de corrupción tienen un impacto determinante en la institucionalidad y en el desarrollo democrático del país, por lo que resulta urgente que el Estado impulse acciones para que, independientemente del plazo del tiempo, estos no queden impunes y se pueda resarcir el daño a la sociedad.
Jara Cruz refiere que según un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) de marzo a diciembre de 2019 se iniciaron un total de 773 carpetas de investigación a partir de denuncias recibidas.
De las carpetas de investigación iniciada, la FGR reportó el cierre de 117 casos y de estos, sólo cinco fueron enviados ante un juez para proceder contra de las personas que resultaron responsables.
Según el Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y el Caribe 2019, en México nueve de cada diez personas consideran que la corrupción es uno de los problemas más graves del país.
Uno de cada tres mexicanos reconoce haber tenido que pagar un soborno para acceder a trámites y servicios.
Los servicios públicos en los que un mayor porcentaje de mexicanos reporta haber pagado un soborno se relacionan con la policía, 52 por ciento; el acceso a la justicia, 35 por ciento y con la provisión de servicios públicos básicos, 30 por ciento.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el daño económico de la corrupción en México es el equivalente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto.
Fuente: MILENIO
