Las fallas en los diferentes servicios de internet que proveen al país son ‘el pan de cada día’ y por ello, se presentó una iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados para que los usuarios afectados puedan exigir a las empresas la devolución de su dinero en caso de que el servicio no sea reparado.
De acuerdo con la iniciativa inscrita en la Gaceta Parlamentaria por el diputado del PAN, Jorge Arturo Espadas Galván, la iniciativa tiene por objeto regular los precios y tarifas que cobran las empresas proveedoras de servicios de internet y garantizar derechos de reclamo para los consumidores ante un mal servicio.
Internet, necesario ante pandemia Covid-19
El legislador argumentó que el uso del internet aumentó considerablemente debido a la pandemia del Covid-19 lo que dejó “al descubierto los grandes problemas que tiene la tecnología en su aplicación, así como la accesibilidad en muchos lugares”.
Menciona en el documento que el trabajo home office se empezó a implementar en muchas empresas, pero “lamentablemente muchas personas no tenían un acceso adecuado a internet o el proveedor no tiene las capacidades para otorgar el servicio de manera adecuada provocando nuevos problemas”.
Si bien, las fallas en los servicios de internet no es cosa nueva, señala, éstas se han incrementado “derivado de la alta demanda que se ha tenido en los hogares mexicanos”.
Hoy en día se ha vuelto indispensable tener una conexión de internet rápida y eficaz, líneas telefónicas activas y servicios de luz para seguir trabajando a distancia.
Reembolsar a consumidores por fallas en servicio de internet
Para ello propone establecer que el consumidor pueda reclamar la devolución de su dinero en caso de que el bien reparado no quede en estado adecuado para su uso o destino dentro del plazo de garantía o dentro de un plazo razonable.
En segundo lugar, busca regular que la bonificación o compensación se haga de manera inmediata por parte del proveedor, considerando las horas o días en los que no se tuvo el servicio contratado.
Finalmente, propone regular que en todo momento las autoridades garanticen un buen servicio por parte de los concesionarios o se realizará la bonificación según sea el caso.
Para tal fin, el legislador de la bancada del PAN propuso reformar los artículos 92, 92 Bis y 92 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y 191, 195, 196 y 205 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Sin embargo, la iniciativa no fue abordada en la sesión ordinaria del miércoles 4 de noviembre, de acuerdo con información del Sistema de Información Legislativa.
Aumentan quejas sobre servicios de telefonía e internet en pandemia
En junio, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), publicó que durante los meses de enero y abril del 202 recibieron 5 mil 407 quejas del sector de telecomunicaciones y las reclamaciones más frecuentes consistieron en la negativa a la entrega del bien o servicio (18.8 por ciento), negativa a la rescisión del contrato (12.4 por ciento) y negativa al error de cálculo en consumo (11.6 por ciento).
Las reclamaciones fueron derivadas de los servicios de telefonía fija y móvil, televisión restringida, internet, de forma individual y empaquetada, así como de equipo terminal que ofertan los diferentes proveedores de servicios.
Los principales motivos de reclamación fueron negativa a la entrega del bien o servicio, al pasar de 80 en los primeros cuatro meses de 2019 a 235 en igual lapso de 2020; negativa a la rescisión del contrato, de 17 a 110; y negativa a corregir errores, de 7 a 53.
“Esto tan sólo son las cifras de cuatro primeros meses, la cuarentena estaba iniciando, por lo tanto es urgente que se hagan las nuevas cifras para comprobar que las y los mexicanos siguen teniendo grandes problemas con las coberturas de internet en sus hogares”, señala el panista en su propuesta.
Por último, habla de la necesidad de garantizar el acceso a internet sin fallas o sin complicaciones o en todo caso que las empresas responsables no cobren el servicio si no se está otorgando lo pactado en el contrato.
“La economía del país debe de estar balanceada, se debe corroborar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores y pagar por dicho servicio, si no se recibe el mismo no debe de cobrarse”.
Fuente: El Universal
