Rosario Robles ha dicho que es perseguida política y ha insistido en su inocencia. Pero el hombre más cercano a Robles, Emilio Zebadúa González, quien fue Oficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu con Rosario al frente, ha decidido contarle a la Fiscalía General de la República todo lo que sabe sobre los desvíos de miles de millones en el Gobierno de Peña Nieto.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Rosario Robles Berlanga, extiular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, decidió, por fin, acogerse al criterio de oportunidad colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR), dijeron este lunes fuentes cercanas a su equipo de abogados.
Robles Berlanga está detenida en la prisión de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, desde el 13 de agosto de 2019. Y el 18 septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial.
El pasado 12 de agosto, el propio Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo en una videoconferencia que Rosario Robles está detenida y Emilio Lozoya Austin no, porque la exfuncionario federal del Gobierno Peña Nieto no ha dicho quiénes están detrás del fraude masivo contra México conocido como “Estafa Maestra”.
Ella ha dicho que es perseguida política y ha insistido en su inocencia. Pero el hombre más cercano a Robles, Emilio Zebadúa González, quien fue Oficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu con Rosario al frente, ha decidido contarle a la Fiscalía General de la República todo lo que sabe sobre los desvíos de miles de millones en el Gobierno de Peña Nieto. Eso parece haberla animado a declarar también. Zebadúa González la ha puesto a ella por delante en sus declaraciones y puede ser condenada a más años de prisión si es hallada culpable.
Este lunes, sin embargo, el caso de Robles da un giro y la funcionaria comenzará a hablar a cambio de recibir beneficios de la FGR, según reportan fuentes cercanas al caso.
“La Estafa Maestra”, de acuerdo con reportajes de investigación y testimonios de testigos, es una red delictiva que apunta como principales protagonistas a Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Con esa estafa se habrían desviado hasta 7 mil 760 millones de pesos del erario y habrían participado 11 dependencias del Gobierno federal y ocho universidades públicas.
LA ACUSACIÓN
El pasado 12 de agosto, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo en una videoconferencia y a pregunta expresa que Rosario Robles Berlanga está detenida y Emilio Lozoya Austin no, porque la exsecretaria no ha dicho quiénes están detrás del fraude masivo contra México conocido como “Estafa Maestra”.
“Este individuo [Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)] está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos”, dijo Gertz Manero cuando se le preguntó si había un trato distinto para ambos exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Una circunstancia que ha generado una denuncia patrimonial de 400 millones de pesos”, precisó.
“En el otro caso [el de Rosario Robles] no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas gran parte de las instituciones educativas del país”, comentó el Fiscal General.
“La jerarquía de los daños merecen la actitud solidaria para descubrir la ‘Estafa Maestra’, una conducta reiterada en donde se incluyeron y usaron las instituciones de educación superior, decenas de personas procesadas, gente que ha ido teniendo sentencias. Toda clase de procedimientos probados”, afirmó Gertz Manero, y luego agregó, con tono de indignación: “¡Por favor, digo, qué pasó!”.
Por ello, la FGR habría solicitado una sentencia de 21 años para Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por la presunta omisión de los desviós millonarios que habrían realizado funcionarios de ambas dependencias durante su administración.
A lo largo del escrito, recordó que apenas el pasado 21 de octubre, sus abogados solicitaron por diversos motivos el sobreseimiento de la causa penal que se sigue en su contra, proceso en el que le hubiera gustado que los medios asistieran “para darle más transparencia” al caso “frente a la opacidad con la que la Fiscalía ha manejado otros”.
EL CASO ROSARIO ROBLES
En agosto de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusaron a Rosario Robles Berlanga por omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en las secretarías que dirigió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía y la Auditoría presentaron como pruebas 27 convenios que realizaron las dos secretarías mientras Robles era su titular. Dichos convenios se llevaron a cabo con la Universidad de Morelos; con la Universidad Politécnica de Hidalgo; con la Televisora de Hermosillo; con la Universidad Politécnica de Quintana Roo; con la Universidad de Chiapas; con Radio y Televisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
Rosario Robles fue Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), Secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y Jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal (1999-2000) entonces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
A la exfuncionaria se le relaciona con el desvío de 7 mil 670 millones de pesos. Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar tales servicios.
El 13 de agosto de 2019, Robles Berlanga fue puesta en prisión preventiva y confinada en el penal de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido del servicio público cuando fue Secretaria de Desarrollo Social. El 18 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial.
Mientras el 26 de octubre de 2020, un Juez federal le reiteró la prisión preventiva por el caso de la llamada “Estafa Maestra”. El Juez Ganther Alejandro Villar Ceballos calificó como improcedente el sobreseimiento solicitado por la defensa de la exfuncionaria.
Fuente: Sin Embargo
