El Senado aprobó la reforma judicial, que provocó la fractura del bloque de oposición, pues Movimiento Ciudadano y cuatro panistas se opusieron, mientras que todo el PRI, la mayoría del PAN y del PRD avalaron con Morena y sus aliados las nuevas reglas en materia de jurisprudencias, la creación del sistema de precedentes y las nuevas reglas para el nombramiento de los juzgadores.
Pero la votación también mostró diferendos en el interior de Morena, pues Germán Martínez votó en contra, en tanto que Gricelda Valencia y Ricardo Ahued se abstuvieron, igual que lo hizo Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo.
La reforma recibió fuertes críticas, pero también el respaldo innegable de la mayoría calificada del pleno del Senado, luego de que el PRI y una parte del PAN lograron restablecer las reglas de la competencia para impugnar por la vía del amparo normas generales o actos de la autoridad federal que afecten la soberanía de las entidades federativas y eliminar las restricciones para la procedencia de la controversia constitucional.
POLÉMICA
Una de las innovaciones que más polémicas causó fue el sistema de jurisprudencia, pues en México y en gran parte del mundo se le define como la suma de decisión “que se repite en más de una ocasión” y que se convierte en la base para normar el criterio de los juzgadores.
Actualmente se necesitan de cinco decisiones en el mismo sentido para sentar jurisprudencia y la reforma judicial establece que ahora sólo será necesario el voto de la mayoría calificada de la Corte, es decir, ocho de los 11 ministros del pleno y por las salas.
REGULACIÓN
Aprobaron que “el ingreso, formación y permanencia de las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y demás personal de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación se sujetarán a la regulación”.
La reforma dispone que el Consejo de la Judicatura Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, así como de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones aplicables.
Que el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal, a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables.
Otro punto polémico se refiere a que “en contra de la designación de magistradas, magistrados, juezas y jueces, no procede recurso alguno, pero los resultados de los concursos de oposición podrán ser impugnados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal”.
El líder de los senadores de Movimiento Ciudadano alertó que la reforma “es aberrante” y la llamó “rapiña constitucional”, por lo que advirtió que si el PRI y el PAN la votaban en favor, automáticamente se fracturaba el bloque de oposición, “que, hasta hoy, ha sido uno de los últimos diques para mantener el equilibrio de poderes”.
Otro de los opositores, el morenista Germán Martínez, anunció que “como senador de la República enviaré al relator especial sobre independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas mi experiencia personal sobre lo que se me pidió y sobre lo que se me prohibió en este trámite legislativo”.
Fuente: Excélsior
