La situación de las cárceles de Ecuador es crítica. Lo es desde hace al menos dos años, pero este martes el descontrol y nivel de violencia interna se salió de control. Al menos 67 presos murieron en un triple amotinamiento simultáneo registrado tres centros penitenciarios del país. El presidente Lenín Moreno aseguró que detrás de los enfrentamientos entre reos están “organizaciones criminales”.
El Gobierno ha enviado refuerzos de la policía “para retomar el control en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga”, dijo el mandatario al mediodía del martes. A las nueve de la mañana habían saltado las primeras alarmas. Siete horas después, solo se había conseguido apaciguar la prisión de Guayaquil, una de las más grandes. La Fiscalía confirmó el levantamiento de ocho cadáveres de la prisión de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, donde cumple prisión el exvicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas, por el caso Odebrecht. Pero no se confirmó si había heridos y si entre las víctimas había personal de seguridad interna. El ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, indicó que entre los amotinados en ese centro había reos de “alto riesgo”.
Se convocó entonces al Puesto de Mando Unificado, conformado por policías y militares, para lograr recuperar el control de las prisiones. Como explicación preliminar, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad, SNAI, que es el ente rector de las cárceles, apuntó a una inspección realizada la noche anterior. “Cabe mencionar que la noche de ayer se realizó una requisa en el Centro de Privación de Libertad de Guayas N.º 4 -el de Guayaquil-, por lo que se presume que estos hechos son señal de resistencia y rechazo por parte de los internos ante las acciones de control”, comunicó a través de las redes sociales.
No es la primera vez que las autoridades atribuyen los motines entre internos a las guerras de bandas criminales. En los últimos dos años, el Gobierno decretó dos estados de excepción para recuperar el control dentro de las prisiones. En mayo de 2019, tres motines en el lapso de un mes y medio dejaron 10 reos muertos y unas imágenes muy crudas de cuerpos incinerados y un decapitado. La declaratoria de emergencia se extendió 90 días. Justo un año después, en agosto de 2020, en medio de la pandemia, otro arranque de violencia motivó un nuevo estado de excepción de 90 días, después de que fuera asesinado dentro de prisión un testigo clave en un caso de corrupción hospitalaria. Entonces, el director del sistema penitenciario reconoció que había problemas recurrentes y, entre ellos, el hacinamiento de presos en los 53 centros de privación de libertad del país
Fuente: El País
