El representante del Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el representante del Judicial, el ministro Arturo Zaldívar, intercambiaron cartas en las que el primero solicitó investigar la actuación del juez que frenó la aplicación de la reforma eléctrica y el segundo respondió que ello ocurrirá solamente si el Consejo de la Judicatura Federal decide que hay elementos.
Durante su conferencia matutina en Palacio, López Obrador anunció que había enviado una misiva a a Zaldívar “en relación con la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz. Se cumplió, como pocas veces, que la justicia tiene que ser expedita”.
El mandatario explicó que un día después de la publicación de la reforma a la Ley Eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión de amparo promovida contra esa nueva disposición y la hizo extensiva a otras personas físicas y morales.
“De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de Poderes, le solicito que el Consejo (de la Judicatura Federal) determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes lo solicitaron y si es de su competencia resolver sobre este caso”, planteó el Presidente.
El Ejecutivo pidió a Zaldívar que se esclarezca la actuación del juez, pues planteó que “alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado la economía de la mayoría de los mexicanos”.
En ese sentido, el mandatario añadió que entre esas empresas se encuentra la española Iberdrola, que incluyó en su nómina a la ex secretaria de Energía Georgina Kessel y al ex presidente Felipe Calderón.
Tras asegurar que respetará la autonomía del Poder Judicial y la aplicación del derecho de amparo, López Obrador sostuvo que ejercerá a plenitud sus facultades como Presidente, así como sus libertades como ciudadano, “y no callaré ante el pillaje y la injusticia”.
Por la tarde, el CJF difundió la carta de respuesta que el ministro presidente de la Corte hizo llegar al jefe del Ejecutivo federal, en la cual le expone que una eventual investigación contra el juez Gómez Fierro se abrirá, solo si hay elementos para ello.
“Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del consejo para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso proceda, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional”, escribió Zaldívar a López Obrador.
El ministro subrayó que “es presupuesto de la democracia y del Estado de derecho que juezas y jueces puedan actuar en un contexto de autonomía e independencia”.
Refuta a Cossío
En su carta al titular de la Corte, López Obrador acusó también que en el “agrupamiento conservador y reaccionario” que se opone a las acciones y políticas de su gobierno “destaca, entre otros, Claudio X. González, pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
“Entre ellos se encuentra también el ex ministro José Ramón Cossío, quien legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”.
Al respecto, el ministro en retiro manifestó su preocupación por las declaraciones de López Obrador: “Me preocupan sus afirmaciones descontextualizadas y parciales sobre mi persona. Pero más su incomprensión del Estado de Derecho. Los jueces son los garantes finales de la Constitución”, escribió Cossío en su Twitter.
Presidente, por abrir expedientes
El presidente López Obrador anunció que buscará que los expedientes de investigaciones contra servidores públicos acusados de corrupción puedan ser exhibidos.
“Una de las cosas que estoy proponiendo, y voy a convertirla en iniciativa de ley, es de que, en el caso de servidores públicos no haya secrecía, que se conozcan los expedientes, que no se argumente de que por el debido proceso no se puedan conocer las investigaciones”, dijo ayer el mandatario.
“Siempre se habla de los derechos humanos, pero si se trata de un servidor público que los violó, no tiene por qué mantenerse en sigilo o en secreto”.
Fuente: Milenio
