A poco más de un mes de que concluya el último periodo de sesiones de la presente legislatura, los diputados federales se disponen a votar más de 300 dictámenes que no representen mayor controversia y cuenten con el respaldo de todas las bancadas.
Durante la sesión de ayer, lo mismo aprobaron modificaciones al Código Penal para castigar con cárcel a quienes roben peces en granjas acuícolas, que para garantizar el derecho al trabajo a quienes se encuentran en libertad condicional, o ampliar las causales de castigos relacionados con la organización y transmisión –por cualquier medio– de peleas de perros.
Con la agenda cargada de dictámenes para debatir en el pleno, los legisladores aprobaron reformar el Código Penal Federal en materia de acuacultura. Ángeles Moreno Medina (PES) explicó que la propuesta surgió por el incremento anual de “cientos de toneladas” de producto robado, acción que no estaba penada ni entra en el supuesto de abigeato.
Aunque en la argumentación del dictamen se establece una diferencia del robo a gran escala de más de mil unidades o de 200 a 300 kilogramos de peces y plantas, y la sustracción para autoconsumo, “bajo el argumento de necesidad” –de uno a 20 kilogramos de producto–, se establecieron penas en ambos casos.
Para quien robe de una a cinco unidades o ejemplares de flora o fauna acuáticas destinadas al cultivo, se consignó castigo de uno a tres años de prisión y multa de más del triple del valor de lo sustraído. En tanto, para quienes roben más de cinco unidades, la pena va de dos a 10 años de cárcel y una multa que debe ser mayor a tres veces lo robado. También equipara a hurto acuícola a quienes provoquen el sacrificio, envenenamiento o enfermedad de flora o fauna de este tipo.
Como parte de una serie de modificaciones en materia de justicia, eliminaron la disposición de que en los procesos de libertad condicional, los preliberados únicamente podían realizar acciones no remuneradas, por lo que ahora permite su integración al mercado laboral, además de avalar que los adolescentes privados de su libertad puedan salir, bajo medidas de seguridad, al sepelio de quien ejerce su patria potestad.
La Cámara de Diputados también aprobó aumentar las causales de delitos por violencia contra animales, para definir castigos no sólo por la organización de peleas de perros, sino también entre un perro y cualquier otro animal, así como a quien o quienes las transmitan por cualquier medio electrónico.
Para ello permanecen las penas establecidas de seis meses a cinco años de prisión y multa de 200 a 2 mil días de minisalario a quien incurra en este delito. Además, señala sanciones para quienes dolosamente causen la muerte, sufrimiento, lesiones o marcas permanentes a animales.
Fuente: La Jornada
