Esta madrugada, con 271 votos a favor, 134 en contra y ocho abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Hidrocarburos propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ahora el dictamen pasará al Senado para su ratificación.
“La reforma a la ley de hidrocarburos escribe la misma historia que la correspondiente a la ley de la industria eléctrica. Sus cimientos son similares, pues está enfocada en debilitar la participación de la iniciativa privada en este sector y defender la soberanía de Pemex”, declaró Daniela Pontes, especialista en el sector y consultora en DIOM Analytics, a Infobae México.
A continuación se enlistan algunos puntos claves para comprender la polémica reforma del primer mandatario:
1. Pemex obtiene mayor control
En el artículo 57 de la ley vigente, se establece que la autoridad que haya expedido un permiso puede llevar a cabo la ocupación temporal o la intervención del mismo, así como contratar empresas productivas del Estado (Pemex y CFE) o a terceros.
No obstante, la modificación propuesta decreta que en caso de suspensión de permiso, la empresa estatal (ya no una privada) podrá ser quien maneje las instalaciones. De este modo, la paraestatal ya puede tomar un mayor control de las instalaciones cuyos permisos sean suspendidos temporal o definitivamente.
Lo anterior significa que ahora Pemex tiene mayor poder sobre precios, distribución, importación y comercialización de combustibles, lo que “le abre la puerta para el control y operación de las instalaciones de aquellos particulares que se encuentren con sus permisos suspendidos, dejando fuera del juego a cualquier otro tercero especializado y con capacidad técnica para llevar a cabo estas actividades en las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas”, señaló la especialista.
2. Suspensión de permisos por seguridad nacional
El proyecto contempla la suspensión de permisos de refinación, transporte, distribución o expendio de petrolíferos a empresas prestadoras de servicios, siempre y cuando se considere que hay un “peligro inminente” para la seguridad nacional, seguridad energética o para la economía del país.
Pontes consideró que este punto es ambiguo, pues quedan sujetos a criterio de la autoridad la seguridad nacional o energética, “lo que abona a una mayor incertidumbre de la que ya se vive dentro del sector energético, pues esa interpretación de ‘seguridad nacional’ está muy abierta, no está especificada como tal”.
3. Revocación de permisos
La modificación busca fortalecer el marco normativo para elevar las sanciones en caso de reincidencia en materia de hidrocarburos mediante la revocación del permiso de operación, a quienes practiquen estas conductas:
El incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos; y la modificación de las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente. Todo ello con el fin de combatir el contrabando de hidrocarburos.
Con estas premisas, la reforma faculta a la Secretaría de Energía (Sener) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que puedan suspender -bajo su consideración- los permisos de empresas que incumplan con la legislación.
“Se ponen en riesgo las decisiones de los particulares que han invertido en el sector, desalienta nuevas inversiones e impone restricciones a la oferta de productos y servicios”, advirtió la especialista.
4. Mercados, los más afectados
De acuerdo con la experta, con la reforma se va a restringir o disminuir la participación de los privados en el mercado de combustible bajo esta suspensión de permisos, lo que ocasionará que Pemex aumente la presencia en el mercado que había estado perdiendo desde 2013 (con la reforma del sexenio anterior) y disminuya la de otras empresas.
Esta situación puede impactar en los precios de bienes y servicios para consumidores mexicanos, al haber una menor competencia económica en la cadena de valor de los petrolíferos, tal como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) también dijo.
El organismo alertó sobre repercusiones negativas para las familias y el sector productivo en cuanto al acceso a las gasolinas, diésel, gas natural, al trasladar la “producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación o exportación de dichos insumos del sector privado a empresas como Pemex, cuyos estados financieros dan cuenta de sus serias ineficiencias operativas y administrativas”.
La propuesta de Andrés Manuel López Obrador será enviada al Senado de la República para el mismo trámite, previo al cierre del periodo de sesiones el próximo 30 de abril.
Fuente: INFOBAE
