El clima de violencia política electoral que enfrentamos a nivel nacional, pero más recrudecida en dos entidades federativas que ocupan los primerísimos lugares en asesinatos de políticos y candidatos como Veracruz y Oaxaca, es gravísimo y ha encendido la alerta roja en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque bastante tardía.
En tanto que en Oaxaca, a pesar de que en las últimas semanas se registró el crimen de la candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos por la coalición “Va por Oaxaca”, Ivonne Gallegos Carreño y del padre de la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Natividad Díaz Jiménez, de nombre Leonardo Díaz Cruz, hay una grave inacción del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.
Es increíble que el nuevo fiscal Arturo Peimbert Calvo se encuentre en “vigilia informativa”, ello porque justo el día del asesinato del papá de Naty Díaz, no quiso dar un avance sobre las investigaciones del crimen de Ivonne Gallegos, escudándose en que harían un periodo de “vigilia”, hasta que recabaran mayor información, como si se tratara de un tema de la iglesia católica.
La única diferencia hasta ahora con su homólogo el ex fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, es que Peimbert se apersona en el lugar de los hechos para supervisar las diligencias, el otro ni eso hacía, pero de nada sirve si no hay avances de las investigaciones, siguen asesinando a las y los políticos.
Hay que cambiarle el chip al nuevo fiscal.
Llama la atención, por ejemplo, que en el último reporte del Indicador de Violencia Política en México realizado por Etellekt Consultores, hasta el 10 de abril de 2021, aparece Oaxaca en segundo lugar con 8 políticos asesinados solo superado por Veracruz que registra 14 crímenes de aspirantes y en tercer sitio Guerrero con 7, ¿eso no debería preocupar a nuestras autoridades estatales?
Parece que NO.
La consultoría nacional reporta que de las y los 68 políticos asesinados durante el periodo del 7 de septiembre de 2020 al 10 de abril de 2021 en el país, 21 eran aspirantes, 18 de los cuales buscaban competir por puestos municipales (15 por alcaldías y 3 para regidurías) el 83% de ellos eran opositores a los alcaldes de los municipios que pretendían gobernar o representar.
Es más, ni siquiera el reporte oficial de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velásquez, les interesa, quien el pasado 4 de marzo presentó la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”, cuyo diagnóstico arrojó que actualmente más de la mitad de los eventos de violencia política con asesinados y heridos se presentan en 7 estados y en primer lugar está Oaxaca, seguido de Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
Mientras que en entidades como Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco, existe mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por grupos delincuenciales, cuyas estrategias de violencia son el homicidio, secuestros, privación ilegal de la libertad, intimidación de familias, quemas de domicilios y extorsión.
Sin embargo las autoridades estatales como es la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca minimizan y “maquillan” la información arrojada por el diagnóstico de seguridad nacional hasta el último día que estuvo al frente Raúl Ernesto Salcedo Rosales, veremos si con el nuevo titular Heliodoro Díaz Escárraga la estrategia cambia.
Es el proceso electoral más violento de los últimos años y se le debe poner especial atención.
Porque estos grupos delictivos, como lo detalla el informe del mapa delictivo federal, cooptan acercándose a las y los precandidatos y se coluden con actores políticos y gobiernos locales desde antes del proceso electoral, a quienes les ofrecen financiamiento o donativos en especie, o les otorgan protección y personal para sus campañas.
En algunas regiones, precisa, el crimen organizado intentó designar candidatos, tomando el control de las finanzas, extorsionan, piden moches y diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores.
También hay que decirlo, la respuesta del gobierno de López Obrador para proteger a las y los candidatos ha sido tardía, porque desde el pasado 7 de septiembre de 2020 que arrancó el proceso federal, apenas el pasado 4 de marzo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la estrategia nacional de protección a las y los aspirantes, cuando quizás se pudieron evitar tantas muertes.
Otro dato interesante es que un alto porcentaje de estos crímenes se ha registrado en municipios con menos de 100 mil habitantes y alejados de los centros urbanos, lo cual es un signo de alerta puesto que muchas de las candidaturas fueron disputadas precisamente en comunidades alejadas en las que se dificulta la presencia de las fuerzas federales y Oaxaca por su complicada orografía es un ejemplo de ello y debió ser prioridad.
Lo que sí debe quedar muy claro, es que bajo ninguna circunstancia la violencia debe normalizarse y que como sociedad debemos alzar la voz, porque el proceso electoral que hoy vivimos es de gran trascendencia para la democracia en México y los hechos de sangre no deben enturbiar las elecciones.
Nuestras autoridades estatales, electorales, civiles y militares tienen que ser garantes de una elección limpia y en paz, Oaxaca tiene que ser ejemplo de ello y frenar de una vez por todas, los graves hechos de sangre que vivimos, no más violencia política electoral, el gobierno de Murat Hinojosa tiene que poner atención en este delicado tema que enturbia las elecciones en la entidad.
Es una vergüenza que seamos ejemplo a nivel nacional en crímenes de políticos y candidatos.
Como criminal es también que se pretenda generar psicosis y miedo a la ciudadanía para que no salgan a votar, tenemos derecho a elegir a nuestras autoridades municipales, a las y los diputados federales y locales que consideramos nos representarán mejor en congreso federal y estatal, sobre todo hacerlo libremente.
Ojalá se tomen cartas en el asunto y los dos nuevos funcionarios que se estrenan, el fiscal Arturo Peimbert Calvo y el de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz Escárraga se pongan a trabajar con la absoluta seriedad que requiere la imparable violencia política electoral.
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