-Comités de Padres de Familia a cargo del manejo de los dineros del programa La Escuela Es Nuestra, no rinden cuentas, tampoco tienen candados ni supervisiones, ya hay denuncias
“En arca abierta el justo peca”, reza el viejo y conocido refrán.
La falta de transparencia con la que han actuado dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), con la operación del Programa Nacional de Reconstrucción y la Escuela Es Nuestra en Oaxaca, ha generado diversas denuncias e inconformidades de los afectados por el mal manejo de recursos que ascienden a un total de $2, 853 millones de pesos.
En el desempeño de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) para la operación de los dos programas antes citados, no existe ningún tipo de supervisión, ni vigilancia por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que les ha permitido manejar los recursos a su libre albedrío.
Veamos.
En Oaxaca los CEAP’s han operado recursos de dos programas, en primer lugar, el Programa La Escuela es Nuestra por un monto de $2,200 millones de pesos, por medio del cual los padres de familia priorizan los trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura educativa.
Para ello ejercen montos de hasta $500 mil pesos dependiendo de la matrícula escolar. Nadie los fiscaliza.
Para el caso del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) por $653 millones de pesos, recordemos que la federación tomó la decisión de que planteles afectados por los sismos de 2017 y 2018, fueran atendidos con CEAP’s, con el propósito de que los padres vigilen el desempeño de la obra, sin embargo, ante lo incierto de los lineamientos del programa se han presentado situaciones que han afectado los trabajos.
La reconstrucción por sismo requiere apegarse correctamente al reglamento de construcción del estado de Oaxaca y a la normativa vigente del INIFED, para ello es necesario contar con la supervisión de personal especializado en construcción para garantizar la seguridad de los planteles.
En muchos casos no se ha contratado asistencia técnica, de manera que no existe un soporte técnico que asegure que el proceso constructivo fue el correcto, que el sistema estructural es seguro y que las normas regidas por el INIFED se tomaron en cuenta.
La reconstrucción implica la ejecución de montos mayores a los de La Escuela es Nuestra, lo que puede desvirtuar la actuación del comité y ha provocado división en las comunidades y en el estado ya se presentaron algunos casos que amerita la atención del Gobierno Federal e incluso de las y los diputados federales para legislar y ponerle candados a los recursos que se ejercen.
Aquí hay dos casos que se pueden ejemplificar:
1.- En primer lugar, se ubica el de la Secundaria Técnica 69 de San Blas Atempa, en el que existe un conflicto al interior del comité porque se acusa a la ex tesorera del robo de más de $3 millones de pesos en presunto contubernio con la empresa constructora.
De estos hechos existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en la que se incluye a Homero Barocio Suarez, ex delegado del INIFED en Oaxaca y a Marisol Cruz de Sedatu por su presunta complicidad al solapar el robo de los recursos; como acusan los afectados.
Lo cierto es que se ha tolerado por parte de la funcionaria de Sedatu que se entreguen los recursos sin ningún tipo de control ni seguimiento o supervisión de los trabajos, de la calidad de los materiales y de la comprobación de los gastos.
Lo que ha provocado una serie de protestas por parte de padres de familia, como la que ocurrió durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Santo Domingo Tehuantepec el 10 de septiembre de 2020 y desde entonces a la fecha siguen sin solucionarlo.
2.- En el caso del Instituto Tecnológico del Istmo, por ser una institución de educación superior, el comité de padres de familia se integró con representantes del comité estudiantil, a quienes les tocó la responsabilidad de ejercer un monto de $40 millones de pesos, para concluir con la reconstrucción de los trabajos pendientes por el sismo de ese 7 de septiembre.
En este caso, se observó que la falta de supervisión de las obras en el Instituto Tecnológico del Istmo repercute en la calidad de los trabajos, porque se reportan andadores en mal estado, aulas inconclusas y sin impermeabilizar; edificios sin acabados; además de la falta total de certeza sobre la calidad de los trabajos.
Todos estos problemas se han derivado desde el primer año de gobierno de López Obrador como son también la entrega de dinero sin calendarios ni controles, nula supervisión de obras y beneficiarios, cifras que no cuadran , sistemas de seguimiento que nunca se pusieron en marcha y de eso ha dado cuenta la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo al reporte de la ASF, la Sedatu que es la instancia responsable de la correcta coordinación, seguimiento y aplicación de los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas y escuelas por un monto global de $8 mil millones de pesos a nivel nacional, falló en la administración de los dineros e incluso también manejó -por coordinar los trabajos- recursos por $370 millones de pesos y su desempeño fue negativo.
Según el reporte de los auditores que revisaron los programas en noviembre de 2020, que aun cuando la ASF está en entredicho y altamente cuestionada por la pérdida de credibilidad, es la información oficial que se tiene, la Sedatu presentó deficiencias estratégicas y operativas como instancia coordinadora y un ejemplo claro es lo que ocurre en Oaxaca de lo que se tiene documentado que son dos ejemplos claros que ya citamos.
La dependencia federal nunca acreditó la evidencia sobre la atención a los 37 mil 218 bienes inmuebles afectados en total, ni del avance físico y financiero, según los resultados que arrojan siete auditorías practicadas a la Sedatu sobre esos programas federales, por tanto, no cumplió con los principios de eficiencia, eficacia y economía.
Y el resultado final de las revisiones es que la Sedatu no cumplió con la supervisión ni coordinación encomendada por el mismo presidente López Obrador, por el contrario, su actuación fue deficiente, opaca y descontrolada.
¡Qué tal!
Es muy grave el cúmulo de irregularidades reportadas por la ASF encontradas en la Sedatu con el programa para reparar escuelas, hospitales y monumentos afectados por los sismos del 19 de septiembre, y hasta el momento en la zona de desastre mayor que fue el Istmo de Tehuantepec es casi imposible poder generar una verificación confiable de los trabajos de reconstrucción que aún no terminan.
Una verdadera agonía y suplicio para cientos de familias afectadas que a más de tres años de los temblores siguen clamando la ayuda, mientras que quienes ejercieron los recursos están impunes, nadie les exige cuentas y aquí es donde se requiere que el Congreso de la Unión los llame a cuentas para saber dónde quedó todo ese dinero y se castigue a los responsables.
Así las cosas en estas dos dependencias federales (INIFED y Sedatu) que cayeron en mal manejo de recursos y omisión, por ello están hoy en el ojo del huracán.
CORREO: nivoni66@gmail.com
TWITTER: @Gelosnivon
FACEBOOK: María Nivón Molano
FAN PAGE: Primera Línea MX
