La entidad oaxaqueña tiene un sistema de reglas laxas y poco claras, y solo por eso, queda anulado su sistema democrático.
Los municipios de usos y costumbres casi siempre son los más gustados por los funcionarios públicos para llevar a cabo sus negocios nada claros.
A los presidentes municipales les hacen creer que si participan en este importantísimo juego de recursos, quedarán libres de cualquier auditoría y, además, nadie podrá acusarlos de corrupción.
El gobierno estatal, el de Alejandro Murat, encontró una forma de triangular recursos para las campañas políticas del PRI, sin que queden rastros de cómo viajó el dinero de un punto a otro.
26 municipios de la entidad oaxaqueña, recibieron en el 2020, un total de 169 millones 820 mil pesos del Fondo de Saneamiento Financiero.
Este fondo, supuestamente, es para que los municipios puedan cubrir adeudos de administraciones pasadas, o puedan realizar diversas obras, o si lo dispone el presidente, puede quedarse con todo ese dinero.
Esto es un convenio que se hace entre la Secretaría de Finanzas, y el municipio. Es un convenio político, no financiero, en realidad.
Cuando el municipio recibe esos recursos, sabe perfectamente que tiene que reintegrar entre el 60 y el 80% a un operador de mucha confianza del diputado Alejandro Avilés Álvarez.
Los municipios participantes deben ser de mucha confianza del gobierno del Estado, o donde el presidente municipal tiene el control absoluto de su cabildo, o donde no hay ninguna oposición, y los integrantes del cabildo están totalmente de acuerdo para entregarle a la Secretaría de Finanzas, el acta de cabildo donde se decidió hacer obras que cubran el monto recibido.
El acta de cabildo es como la factura de las obras, y con ese documento, la Secretaría se despreocupa de hacer cualquier investigación sobre si ocuparon o no ese recurso para tal fin.
Por ejemplo, el Municipio de San Juan Yucuita, donde viven 643 personas, recibió 8 millones de pesos. Si dividimos esta cantidad entre el número de personas que allí residen, les tocaría a cada una de ellas 12 mil 441 pesos.
Pero, ¿cómo es que regresa ese dinero a manos del diputado Alejandro Avilés? Cada municipio debe de regresarlo en efectivo. Muchas veces hacen convenios con las constructoras para que éstas realicen obras simuladas. Es así como poco a poco, y de acuerdo a cada obra terminada, va regresando el efectivo a las manos de Alejandro Avilés, hasta completarle entre el 60 y el 80% que haya recibido el municipio. De esta manera no hay rastro y nadie sabe dónde quedó la bolita.
Otros presidentes le entregan el dinero en efectivo a quien hace la gestión. Los mismos gestores son los encargados de indicarles a los presidentes municipales o al cabildo, qué documentos deben firmar, para con esa seguridad, llevarse la lana.
Hay otros gestores que piden el token de seguridad para hacer las transferencias de una cuenta bancaria a otra.
Se observa en el cuadro adjunto, la mayoría de los municipios son gente de confianza del diputado Avilés.
Aparte de ocupar este dinero para las campañas políticas, también tiene otra función: ablandar a los diputados, principalmente a los de Morena, para que aprueben algunas iniciativas del gobernador.
La intención de este diseño llamado “Saneamiento financiero” se hizo para proteger a los secretarios del gobierno del Estado. Antes, este dinero se lo cargaban a CAO o a SINFRA, o a otras dependencias, y de allí sacaban el dinero para las campañas y otros caprichos.
Al que se le ocurrió este sistema, dejó de exponer a los secretarios, amigos del gobernador, y ahora expone a los presidentes municipales. En caso de que estos sean descubiertos, no tendrían nada qué embargarles. Pero de todas formas, la bronca sería para el presidente y su cabildo.
Tarde o temprano esto puede pegarles a algunos municipios, cuando les llegue alguna revisión por parte de algún órgano de fiscalización.
La mayoría de los presidentes no saben que lo que recibieron son recursos extraordinarios, y que tienen que comprobarlos; y no es como les han dicho: que no tendrán ningún problema. El acta de cabildo no hace la función de una factura, aunque para la Secretaría de Finanzas, si tiene esa validez, pero para algún órgano de fiscalización, ese documento no vale nada.
Ahora ya saben, presidentes municipales, cuáles son las consecuencias que pueden tener ustedes y su cabildo.
