El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe en el que urgió a los principales países contaminadores del mundo a adoptar un precio mínimo internacional del carbono, una medida que ofrece una “perspectiva realista” para combatir el cambio climático.
El organismo dijo que existe un consenso en torno a que el precio del carbono es la herramienta política más importante para lograr los drásticos recortes de emisiones necesarios para limitar el calentamiento global a 2 °C para 2050.
Pero en este momento, cuatro quintas partes de las emisiones siguen sin cotizarse y el precio promedio mundial del carbono es de solo 3 dólares por tonelada, muy por debajo del nivel necesario para incentivar la eficiencia energética y reconducir la innovación hacia tecnologías verdes.
El informe del FMI evaluó diferentes escenarios y da el ejemplo de un acuerdo entre seis participantes: Canadá, China, la Unión Europea, India, Reino Unido y Estados Unidos.
El precio fijado podría variar en función del grado de desarrollo del país: 75 dólares mínimo para los países ricos; 50 dólares para las economías emergentes de ingresos altos; y 25 dólares para las de ingresos bajos.
Este plan permitiría lograr una reducción del 23% de las emisiones para 2030.
El informe sugirió que el plan podría ser lanzado por el G20 antes de ampliarse a otros mercados.
Poner precio a la tonelada de carbono que se libera a la atmósfera es una forma de gravar las energías más contaminantes e incentivar así a consumidores y empresas a utilizar energías limpias.
El objetivo inicial sería cumplir con la meta del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de reducir las emisiones entre un cuarto y la mitad para fines de esta década.
“La acción simultánea entre los grandes emisores de subir la fijación de precios del carbono generaría una acción colectiva contra el cambio climático, al tiempo que abordaría de manera decisiva las preocupaciones sobre la competitividad”, dijo Victor Gaspar, director del departamento de asuntos fiscales del FMI, e Ian Parry, coautor del informe.
“No hay tiempo que perder en poner en marcha un arreglo de este tipo. Imaginémonos en 2030. Asegurémonos de que no miraremos entonces hacia atrás al 2021 y lamentaremos la oportunidad perdida de una acción eficaz”, agregaron.
El esquema parece una versión ampliada de una ley canadiense que requiere que las provincias y territorios implementen un precio mínimo del carbono, aumentando progresivamente de 10 dólares canadienses por tonelada en 2018 a 50 dólares canadienses en 2022 y 170 dólares canadienses en 2030.
Las jurisdicciones cumplen estos objetivos a través de impuestos o esquemas de comercio de derechos de emisión.
Fuente: El Economista
