-Va “tendedero” contra papás deudores alimentarios en la entidad
En Oaxaca, desde hace tres años la indiferencia y falta de interés por parte de las autoridades estatales, han dejado sin justicia social a mujeres quienes exigen el pago de pensión alimenticia para sus hijos e hijas.
Por lo que, ante este hecho, a través de redes sociales se ha convocado a la instalación de un “tendedero”, para denunciar a los padres morosos y deudores, el cual se realizará en la explanada de Santo Domingo de Guzmán el próximo 12 de julio.
Desde el 2018 y a propuesta de la diputada local del PRD de la LXIII Legislatura, Eva Diego Cruz se aprobó la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, sin embargo, hasta la fecha el Registro Civil no ha realizado su trabajo.
“No hay voluntad”, condenó Diana Luz Vázquez, representante en Oaxaca de la “Ley tres de tres contra la violencia” de las Constituyentes Mx, quien aseguró que esta iniciativa, impulsada por las mujeres, deberá dejar un mensaje contundente a las autoridades estatales.
Precisó que en la entidad existen al menos 65 casos, los cuales consideró como irreales debido a que muchas de las afectadas no denuncian debido a los trámites burocráticos incluso económicos que deben de solventar, al señalar que la Ciudad de México es la única que cuenta con un padrón.
Tan sólo un examen de ADN, prueba de paternidad, tiene un costo de 20 mil pesos de los cuales el 50 por ciento debe de ser solventado por la madre y el padre “es ilógico porque si el padre argumenta que no tiene para la pensión menos para una prueba”, afirmó.
En septiembre del 2020, el Congreso de Oaxaca determinó aplicar penas más severas contra los deudores de pensiones alimenticias además de instruir la creación del padrón, para evitar en ese momento que no pudieran acceder a puestos del servicio público y en la política.
Por lo que los congresistas acordaron reformar el párrafo primero del artículo 413 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que contempla la imposición de una pena de cuatro años de prisión y una multa de 200 a 260 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA).
Sin embargo, sino se cuenta con un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, la ley no podría aplicarse.
