En el Cefereso número 17, en Buenavista Tomatlán, Michoacán, una zona donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos criminales libran una cruenta guerra, los focos rojos se encendieron con la llegada de 300 reos de alta peligrosidad procedentes del centro federal de readaptación social número 2 de Puente Grande, Jalisco, el 30 de junio de 2020. El recluso más peligroso: Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40.
Documentos en poder de MILENIO, redactados por trabajadores del reclusorio, que fueron anexados a una queja presentada en el Centro de Justicia Integral Michoacán, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señalan a Jorge Isaac Neri García, titular de la dirección del centro carcelario número 17, de presuntos actos de corrupción que involucrarían a Treviño Morales.
Internos y empleados procedentes del extinto penal federal de Puente Grande, Jalisco, señalan que enfrentan irregularidades que van desde hacinamiento, autogobierno, inseguridad y malos tratos por parte del director.
El escrito narra que El Z40 realizó una donación de balones con un costo de 2 mil 800 pesos cada uno, juegos de ajedrez y dominós, con una inversión por pieza de mil pesos. Durante la administración de Julio César Pérez, ex director del mencionado reclusorio, el mismo capo de las drogas regaló 30 bocinas que fueron repartidas entre los internos.
Entre los privilegios que los empleados del centro penitenciario dicen que cuenta Miguel Ángel Treviño, está el acceso a fruta fresca todos los días y a periódicos, que le son entregados en sus manos.
Los testimonios detallan que El Z40 vive en el dormitorio “ECO”, con cuatro personas, mientras que los demás internos conviven en celdas con hasta 15 internos hacinados.
Las irregularidades han seguido a pesar de que hay un nuevo director, Jorge Isaac Neri García, a quien acusan de tener en su oficina una culebra que alimenta con ratas de campo que ordena cazar a sus subalternos.
Entre los internos hay quejas por los altos precios de los productos que venden en la tienda del penal. La molestia llegó a la Procuraduría Federal del Consumidor, delegación Michoacán, mediante un escrito, del cual MILENIO tiene una copia, en el que se anexó una lista de precios, que exhibe, por ejemplo, que los rastrillos Gillette se venden en 40 pesos, casi el doble del precio en el que los coloca la Profeco (25 pesos) y casi el triple de su costo en tiendas de autoservicio (15.70 pesos).
El personal del centro penitenciario que denuncia las irregularidades al interior de la cárcel también teme por su seguridad al exterior del mismo, pues Buenavista Tomatlán es una zona violenta de disputa criminal con presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En diciembre, un custodio federal fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza. En febrero, una comandanta fue ataca a tiros al salir al banco en el municipio de Apatzingán; y el jueves santo, tres maestros del reclusorio fueron atacados con artefactos explosivos lanzados desde drones, en la comunidad de Pueblo Viejo.
En 2020, cuando se decidió cerrar el Centro Federal de Reinserción Social número 2 de Puente Grande, en Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que la clausura se debía por una reorganización en el sistema de penales “debido a la privatización que se hizo de esas instalaciones”.
El cierre del penal afectó a sus empleados, pues la mayoría de los afectados de lo que ocurre en el penal federal de Buenavista Tomatlán son oriundos de Jalisco, a quienes reubicaron en Michoacán. Las autoridades federales se han negado a darles viáticos, por lo que viven en el complejo carcelario. Su sueldo no les alcanza para rentar una casa.
Fuente: Milenio
