El Consejo General del Instituto Nacional Electoral concluyó la fiscalización de los procesos electorales locales y federal de este 2021, en donde de forma global impuso sanciones a la totalidad de partidos políticos por un monto de mil 203 millones de pesos.
El consejero Ciro Murayama expuso que a nivel federal se tiene acreditado que los partidos políticos no reportaron 80 millones de pesos de gasto y considerando el monto que sí fue reportado, lo que no se informó a la autoridad representa el 6% de los recursos, esto quiere decir que el 94% del gasto sí se informó a la autoridad.
Durante la sesión, que duró más de 14 horas, indicó que el partido más sancionado es Morena con 373 millones de pesos, que representa el 31% del total; Fuerza por México fue sancionado con 103 millones de pesos, el 8.56% del total; Redes Sociales Progresistas 101 millones de pesos, el 8.38%; el PRI con 93.7 millones de pesos.
Acción Nacional con 88.5 millones de pesos; el Partido del Trabajo con 86 millones; el Partido Verde Ecologista de México con 84.5 millones; Movimiento Ciudadano con 73 millones; el Partido Encuentro Solidario con 53 millones y el PRD con 42 millones de pesos.
“Esta fiscalización se da cuenta de ingresos durante las campañas por 5 mil 644 millones de pesos que fueron fiscalizados y un monto de gastos de 5 mil 702 millones, es decir, la unidad técnica de fiscalización analizó un volumen de 11 mil 346 millones de pesos, esa es la dimensión de la fiscalización”.
Agregó que las sanciones de campaña ascienden a mil 203 millones de pesos, este monto en un 91% está concentrado en partidos políticos nacionales y en partidos políticos nacionales con acreditación local, el 8% en partidos locales y sólo el 1% en los candidatos independientes.
Cabe señalar que a dichas cifras se tiene que sumar sanciones por 96.8 millones de pesos correspondientes a partidos políticos locales y 6 millones más a candidatos independientes.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello dijo que los montos que fueron revisados en 46 días desde que acabaron las campañas electorales, habla de que el modelo de fiscalización, si bien es perfectible, ha resultado ser viable.
Se subrayó que si bien el monto de las sanciones es elevado, más del 90% de los recursos fiscalizados tienen un origen lícito.
“A pesar de estas cifras la gran mayoría del dinero que se inyectó en las campañas es dinero de origen claramente conocido y ejercido conforme a los parámetros de la fiscalización”, enfatizó Córdova.
Fuente: El Universal
