La historia de maltrato físico y psicológico de Ivonne García Aguilera a manos de su esposo Víctor López Martínez, empresario dedicado al outsourcing en Oaxaca y en otros estados del país, enfermo alcohólico, la hizo vivir un verdadero calvario que la orilló a exigirle el divorcio bajo acuerdo de pensión alimenticia para sus dos menores hijos, procreados durante el matrimonio.
Pero lo que jamás se imaginó Ivonne, es que en esta lucha con su expareja fuera despojada junto con sus hijos de su patrimonio, su casa, de la cual es posesionaria, ubicada en Segunda Privada de Gardenias número 111, colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca de Juárez y menos aún que las autoridades de impartición de justicia se prestaran a tamaña infamia.
De acuerdo al testimonio de la madre de los menores, Víctor e Ivanna Mariel, después de que se separó de su esposo, firmaron un convenio de pensión alimenticia por la cantidad de $17,500.00 mensuales, además del pago de las colegiaturas de la educación de sus hijos y la posesión de la casa, la cual está dividida en dos partes, la otra es copropietario el hermano de su expareja quien vive en Dubai.
Por acuerdo conjunto, ella decide irse a vivir a Torreón, Coahuila de donde es originaria, donde consiguió trabajo y deciden rentar la casa, la mitad de la renta $6,500.00 era para el copropietario y la otra parte para ella y sus hijos como parte de la pensión alimenticia, dinero que le era depositado a ella en una cuenta bancaria y del cual, le transfería la parte que le correspondía a su excuñado.
Todo este historial también obra en el expediente 62/2015. Sin embargo, en septiembre del 2020, los inquilinos le solicitaron una prórroga de arrendamiento debido a la pandemia del covid19, porque se habían quedado sin trabajo y no solo dejaron de pagarle la renta, sino que fue demandada, puesto que ella les pidió que por lo menos la mitad de la renta le dieran, dinero que ocuparía para la alimentación de sus hijos.
Es decir, de la renta de la casa ella cobraba la pensión alimenticia de sus hijos.
En junio pasado los inquilinos desocuparon la vivienda y es cuando ella junto con sus hijos deciden regresar a Oaxaca para vivir en ella, pero al llegar a su casa se encontró con la sorpresa de que le habían cambiado la chapa y por lo tanto no podía entrar, quedándose prácticamente en la calle.
Ahí empezó otro peregrinar, porque resulta que su expareja Víctor López Martínez le mandó cambiar la chapa a las puertas de su casa y aunque ella le pidió que le permitiera ingresar al inmueble, porque no tenía donde quedarse, su exesposo no se lo permitió, llegó al extremo de soldar la puerta principal.
Ivonne García tuvo que interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por despojo y el 5 de julio con agentes ministeriales y una agente del Ministerio Público, fue acompañada junto con su abogado y sus dos menores hijos a la vivienda para ingresar a la misma, pero desde una de las ventanas de la casa se asomó Diego Villanueva, a quien Víctor López dejó al cuidado de la propiedad y dijo no poder abrir porque la puerta estaba soldada.
Y aunque más tarde se presentó Víctor López Martínez, acompañado de su abogado, no les permitieron el acceso e incluso insultó a Ivonne García delante de los ministeriales y de la agente del MP, exigiéndole que le otorgara la posesión del inmueble, cuando anteriormente el mismo abogado le había dicho que no era posesionaria de la casa, todo ello quedó registrado en la denuncia por despojo.
JUEZ MARÍA EUGENIA LÓPEZ VIOLENTA DERECHO DE MENORES
La juez del Juzgado Quinto de lo Familiar, María Eugenia López Morales le envió a la afectada una notificación para presentarse a las 10:00 horas a una audiencia el 6 de julio pasado, donde estaría presente Víctor López Martínez, en la que se ventilaría lo relativo a la protección, educación y bienestar de los menores.
En esa notificación, la juez López Morales asienta que en caso de la incomparecencia de una de las partes se dejarán a salvo sus derechos, para que en la vía y forma legalmente correspondiente promuevan lo que a sus intereses convenga.
La madre de los menores no pudo asistir a la audiencia, debido a que un día antes fue víctima del despojo de su patrimonio y andaba en las diligencias ante el MP en Ciudad Judicial, sabedora que en su ausencia, la juez no podría abrir la audiencia, puesto que es violatorio de la ley.
Pues sucedió lo contrario. La juez hizo la audiencia con la presencia solamente de una de las partes, de Víctor López Martínez, a quien le pregunta qué tiene que decir y ahí el exesposo de Ivonne le plantea que la señora le adeuda $117,500.00 porque no le depositó la parte de la renta durante 9 meses que le correspondían a su hermano, pero como también él le debía a la afectada, entonces la deuda de Ivonne se redujo a $72,656.00 y por tanto que se le descontara de la pensión alimenticia de los menores.
La juez asienta que ante ese adeudo quedaban solventadas las pensiones alimenticias hasta el mes de julio, puesto que durante 9 meses la señora no había percibido pensión porque ya no le pagaron la renta de la casa.
Y la juez requiere a la señora Ivonne García para que en un plazo de tres días deposite ese dinero que es por concepto de renta del inmueble del que es posesionaria, renta que desde septiembre de 2020 dejó de percibir por la demanda que le interpusieron los inquilinos que debido a la falta de trabajo por la pandemia pidieron la prórroga de arrendamiento, pero ella se negó a otorgarla.
De ello existen documentos de la demanda con la que Ivonne García comprueba que no percibió la renta completa un par de meses, posteriormente de plano ya no le pagaron nada y por ello no pudo depositarle la parte que le correspondía al copropietario de la otra parte de la casa que es el hermano de su exesposo, quien vive en Dubai.
Aquí estamos ante otro caso de influyentismo y abuso de autoridad, donde la juez del Juzgado Quinto de lo Familiar, María Eugenia López Morales violentó el artículo 4º Constitucional que habla sobre el interés superior del menor, no hay mayor derecho sobre cualquier otro que la del menor, está por encima de cualquiera.
Y la juez se fue contra la pensión alimenticia de los menores al ordenar el descuento, en lugar de decirle a Víctor López Martínez que estaba en su derecho de demandar por la vía civil o penal, pero en el tema que a ella le compete, lo primordial era salvaguardar el derecho y bienestar de los menores.
Pero eso a la juez le valió un cacahuate.
Ante esos graves hechos, la juez María Eugenia López Morales incurre en responsabilidad, primero porque al no estar presente uno de los interesados, no debió abrir la audiencia, eso es violatorio; segundo violentó la garantía de audiencia de Ivonne García, porque debió esperar puesto que no se trataba de un apercibimiento.
Y lo más grave es que pasó por encima de los derechos de los menores al afectar su pensión alimenticia, por tanto, la juez podría ser merecedora hasta de una destitución de su cargo, de abrirle un proceso penal en su contra por abuso de autoridad y hasta pisar la cárcel.
¡Gravísimo!
Porque Ivonne García le hace saber a la juez López Morales que el padre de sus hijos la despojó de un inmueble que le garantiza la pensión alimenticia, y ésta la “remata” quitándole ese derecho a los menores sin importarle el interés superior de estos a recibir alimentos.
Hoy la madre de los menores presentará un amparo ante un juez federal, que será quien le requiera a la juez del Juzgado Quinto de lo Familiar el historial de este asunto que también huele mal.
Mientras el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho Sánchez pareciera que es cómplice de estas arbitrariedades que cometen sus jueces, no hace nada. Y es una tras otra con las historias que se van conociendo del proceder de las y los jueces a su cargo.
¡Es inaudito!
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