Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estimó que en este mes se resuelva la controversia por la ampliación de su mandato un par de años, derivado de la reforma judicial realizada por el Congreso.
Al inaugurar el segundo periodo de sesiones del máximo tribunal del país, el ministro enfatizó que resolver este asunto dará certeza a la ciudadanía.
“Espero que este mismo mes, tal como lo había acordado inicialmente este pleno, se resuelva el expediente relativo al artículo Décimo Tercero Transitorio de la reforma judicial.
“La pronta resolución de este asunto es fundamental para dar certeza a la ciudadanía y al propio Poder Judicial, sobre un tema que ha causado inquietud y que empaña la trascendencia de la reforma judicial”, subrayó.
Esta ceremonia implicó el regreso de los ministros al pleno, quienes utilizaron cubrebocas, luego de año y medio de sesionar a distancia por la pandemia de covid-19.
En su pronunciamiento, el presidente de la SCJN reiteró su confianza en que el Poder Judicial a su cargo seguirá demostrando su autonomía e independencia, ante el contexto de polarización política y social que se vive.
“El mundo parece dividido en bandos y las personas juzgadoras solemos quedar atrapadas en medio. En tiempos como estos, la independencia judicial es un valor del que todos buscan apropiarse. Entender su sentido a cabalidad y no desde la óptica de los distintos actores políticos y sociales, es fundamental para nuestra labor.
“Es en las razones plasmadas en las sentencias y no en el sentido de los fallos en donde debe buscarse esa independencia y desde donde debe valorarse por la sociedad”, exclamó.
El ministro enlistó asuntos “de la mayor trascendencia” que el máximo tribunal del país resolverá en esta segunda mitad del año “para el orden jurídico nacional”.
“La Ley de Migración, los centros de atención infantil en la Ciudad de México, las competencias constitucionales en materia de radio y televisión, aborto, objeción de conciencia, matrimonio igualitario, Ley de la Guardia Nacional y Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, entre muchos otros.
“La resolución de estos asuntos, de obtener votación calificada, dará lugar a la formación de jurisprudencia obligatoria, lo que unificará el lenguaje constitucional, dando así toda la fuerza que corresponde a los fallos del tribunal constitucional en nuestro sistema jurídico, en abono de una mayor efectividad de los derechos, para todas las personas”, destacó.
Fuente: Milenio
