Hace algunas semanas, se conmemoró el segundo aniversario del despliegue de la Guardia Nacional (GN), por lo que realizar un análisis sobre su avance sin duda vale la pena, especialmente sobre algunos indicadores que resultan indispensables para su funcionamiento, como la capacitación, los exámenes de control de confianza para su ingreso, los resultados actuales y su carácter civil.
Recientemente, se dieron a conocer cifras que muestran la falta de certificación de todos los elementos. De los más de 100 mil en activo, únicamente 10 mil cuentan con el Certificado Único Policial (CUP), es decir, 1 de cada 10 terminó el proceso. Ello la convierte en la institución con menos elementos certificados del país, ya que, dentro de las policías estatales y las municipales, 6 de cada 10 cuentan con CUP.
Entre las cuatro acreditaciones para obtener el CUP, se encuentran las evaluaciones de control de confianza, que algunos de los elementos no han acreditado.
De manera inevitable, me remonto al 2008, cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a través del cual los gobiernos estatales se comprometieron a evaluar a las policías. Supimos que muchas de las entidades federativas no lograron sus metas.
Guardia Nacional sin transparencia
Actualmente existe menos acceso a la información sobre los avances de evaluaciones de control de confianza como un proceso transparente de cara a la ciudadanía. Desde 2019 el Congreso de la Unión aprobó un modelo especial para la Guardia Nacional, en el que el proceso de evaluación dura únicamente dos días.
En noviembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) solicitó 461 millones de pesos para construir un centro de evaluación en el Campo Militar No.1 para evaluar con mayor agilidad.
Asimismo, la semana pasada se destacó que la Guardia Nacional será la tercera fuerza armada de la SEDENA. Con este último anuncio se constató que no habrá mando civil como se dijo al comienzo de esta gestión presidencial. Una actuación policial democrática debe traducirse en la aplicación de la ley para la preservación del estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, la rendición de cuentas de las instituciones policiales y transparencia en su actuación.
La violencia continúa, ante la falta de una estrategia policial
En entornos democráticos, se espera tener una policía cercana a los ciudadanos y el establecimiento de programas de prevención de la violencia. El asunto es que se dispone de militares para cumplir funciones policiales, sin entender, que esto desnaturaliza la función de los primeros.
Nuestra realidad pone de manifiesto un alejamiento y un abandono para construir las capacidades técnicas y operativas de las policías que son el primer contacto con los ciudadanos. Los ciclos de violencia en México continúan y los territorios en los que impera la delincuencia no se han visto beneficiados por la operación de esta nueva corporación.
La creación de la Guardia Nacional deja muchas preguntas sobre el modelo de seguridad creado y que está distanciado de un modelo democrático. Si las instituciones de seguridad y de control social son incapaces de crear legitimidad transparentando su actuación, difícilmente pueden operar con eficacia en marcos democráticos.
La participación de los militares en tareas de seguridad pública se ha justificado ante la falta de confianza que tienen las policías. Esto tendrá efectos importantes en la construcción de una versión de seguridad ciudadana para nuestro país y en el orden jurídico interno y en la propia reforma policial.
La Guardia Nacional como tercera fuerza armada de la Secretaría de la Defensa y los planes para su consolidación que se anuncian para 2023, un año antes del cambio de administración, se muestran como una fecha conveniente para esta gestión.
Por: Magdalena Alcocer. Doctora en Gobierno y Administración Pública – Coordinadora de la Licenciatura en Inteligencia Estratégica de la Universidad Anáhuac México. Twitter @magdaalcocer
Fuente: El Heraldo de México
