La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) pidió fortalecer las capacidades de respuesta institucional para la protección de personas defensoras y activistas de derechos humanos, lo que implica generar condiciones para un ejercicio seguro de sus actividades y garantizar el derecho a la justicia para quienes han sido víctimas de agresiones.
Por lo anterior, la DDHPO se pronunció por el respeto y reconocimiento al trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, activistas, colectivas y líderes sociales, además de alertar que, ante el contexto de pandemia por Covid-19, este sector ha estado doblemente expuesto a situaciones de riesgo.
El organismo autónomo señaló que tiene registro de 29 expedientes relacionados con actos de hostigamiento o violencia contra defensoras y defensores, entre marzo de 2020 y hasta el 23 de agosto de este año, enmarcados en la contingencia sanitaria.
De igual forma, y a casi un año del homicidio del activista y dirigente regional del Frente Popular Revolucionario, Tomás Martínez Pinacho, perpetrado el 24 de agosto de 2020, así como de los cometidos contra el ambientalista Eugui Roy Martínez ocurrido en mayo del año pasado y el de Fidel Heras, defensor de tierra y territorio en Paso de la Reina, Santiago Jamiltepec, Oaxaca, ocurrido en enero de 2021, el organismo autónomo hizo un llamado a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia para esclarecer a la brevedad los casos.
Lo anterior, mediante una investigación exhaustiva, que incluya la posible relación con su labor de defensa de los derechos humanos y permita llevar a los responsables ante la justicia.
Para la DDHPO, el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y la de sus familias implica, además de conocer la verdad de los hechos, la sanción a los responsables, la atención a las víctimas directas e indirectas, así como garantías de no repetición.
El organismo autónomo señaló que los activistas y defensores de derechos humanos son esenciales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues dan voz a grupos históricamente invisibilizados, además de poner en la agenda pública las desigualdades que afectan a la sociedad en su conjunto y con ello, dirigir o redirigir las políticas públicas para una atención integral de la problemática, por ello, las agresiones en su contra afectan a toda la población y dejan en la indefensión a las personas y/o comunidades a las cuales acompañan.
La DDHPO reiteró que respetar y garantizar la labor de quienes se dedican a defender derechos de tierra y territorio, comunitarios, así como económicos, sociales, culturales y ambientales es prioritario, pues con sus acciones de defensa de tierras, aguas, bosques, se enfrentan a una situación de riesgo agravado por los intereses políticos y económicos que enfrentan, sobre todo, cuando se trata de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala.
En este sentido, pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, y el activismo social, incluido el derecho a la libertad de expresión y manifestación de quienes exigen se sancionen las agresiones en contra de personas defensoras y activistas de derechos humanos.
