A pesar de que Fonatur contrató a la ONU para llevar a cabo un proceso de relocalización de familias que viven en el trazo del Tren Maya, activistas y organizaciones denuncian que la dependencia presiona para reubicar a comunidades indígenas y acelerar esta obra que impulsa el Gobierno federal.
Hace 2 años Fonatur firmó con ONU Hábitat un acuerdo para llevar a cabo el proyecto de rehabilitación del corredor urbano del Tren Maya, que incluye “relocalizaciones consensuadas” de familias, una asesoría por la cual pagó 5 millones de dólares (100 millones de pesos).
Sin embargo, este protocolo no se está cumpliendo en comunidades indígenas de Escárcega y Candelaria en Campeche ubicadas en el trazo del Tren Maya, denunció Carla Escoffié.
Para la activista y abogada especializada en derecho a la vivienda, lo que está realizando Fonatur es un desalojo forzoso -prohibido por el derecho internacional- disfrazado de reubicación.
«No estamos viendo nada de consensuado en esto”, dice Escoffié en entrevista con 24 Horas: “Porque por un lado las autoridades ya decidieron hacer el Tren Maya, ya decidieron que las personas que viven por donde pasará el tren se tienen que ir, ya decidieron las zonas en dónde las van a reubicar y en muchos casos ya decidieron el tipo de casas que les van a dar (…) en muchos casos le han dicho a las personas que el Fonatur les va a dar casas pero ellos tienen que conseguir el terreno (…) ni siquiera se tiene una reparación completa».
Esta semana Xavier Martínez Esponda, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), informó que la organización ha interpuesto 3 amparos en contra del Tren Maya.
El primero de ellos, explicó, se trata de un amparo ambiental, ante la omisión de la autoridad de respetar y garantizar los derechos humanos al diseñar, autorizar, construir y operar el proyecto.
El segundo amparo es sobre la omisión de las autoridades de obtener un consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas que serán afectadas por la obra.
Y el tercero, ante la omisión de poner a disposición pública toda la información del proyecto para la evaluación de su impacto ambiental.
En el 2019 el Gobierno federal, a través de Fonatur, firmó con ONU-Hábitat un acuerdo de asesorías por lo cual pagó 100 millones de pesos para que la agencia diseñara el Protocolo de Relocalización consensuada de población desde los derechos humanos (2020).
En dicho protocolo se establece que una «relocalización consensuada» se refiera a: «El proceso y al resultado de un proyecto integral de mudanza de personas plenamente involucradas y favorables a su desplazamiento bajo los términos de indemnizaciones consensuados entre ellas y las autoridades ejecutoras del proyecto de desarrollo, con apego al presente protocolo».
Mientras que define al «desalojo forzoso» como: «El hecho de hacer salir a personas, familias y comunidades de los hogares y/o los bienes inmuebles que ocupan, en forma permanente o provisional, contra su voluntad y sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles el acceso a ellos».
La abogada Carla Escoffié señala que las autoridades han planteado un «proceso de reubicación consensuada» que es cambiar de localización a miles de familias que están en las actuales vías del tren o las que se construirán para el mega proyecto turístico.
«Porque las autoridades no tienen ningún fundamento legal para hacer salir a las personas de sus casas y menos por un proyecto turístico. No pueden realizar desalojos de manera extrajudicial, no hay juicios en su contra, no hay ningún proceso de expropiación abierto que justifique que los presionen para salir de sus comunidades», opina.
De ahí que denuncie que Fonatur y otras autoridades lo que han hecho -con apoyo de ONU Hábitat- es presionar a las personas para que abandonen sus hogares, en particular aquellas por donde pasará el Tren pero que están alejadas de los centros urbanos -con poco acceso con internet u otros medios de comunicación para denunciar los hechos-.
Por lo anterior, la abogada subraya que el proceso que se lleva a cabo en el trazo del Tren Mayo es un desalojo forzoso ya que las autoridades han presionado con la amenaza de retirarles apoyos sociales en caso de no querer desalojar o si presentan amparos para proteger sus viviendas, a estas últimas se les ha amenazado de que no les va a tocar ninguna indemnización si protegen sus derechos.
Como es el caso de Candelaria donde alrededor de 30 habitantes han interpuesto amparos contra el proyecto ferroviario.
Incluso -señala Escoffié- lo que hace Fonatur es culpabilizar y estigmatizar a las personas de una presunta invasión de vías -actuales o que se construirán- pese a que estas cuentan con reconocimiento municipal, estatal y federal que avalan la legalidad de sus propiedades.
La activista señala que en las comunidades de Candelaria y Escárcega -Campeche- hay gente afectada por el trazo de la ruta del tren por lo cual han presentado amparos, así como se realizó en Mérida y Campeche capital, sitios en los que se tuvo que cambiar el trazo del Tren Maya.
