Seis exservidores públicos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) del presente sexenio gubernamental, fueron denunciados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la fiscalía general de la República (FGR), por un presunto daño a la hacienda pública por un monto de $1,488 millones de pesos, solo de la cuenta pública 2019.
También fueron auditadas las cuentas públicas 2017 que arrojó una observación por un monto de $9.11 millones de pesos y la de 2018 por $1,359 millones de pesos, lo que hace un total de aproximadamente $2,856 millones de pesos. Es importante especificar que el monto de las cifras las vamos a redondear porque si son muchos números para hacer más ligera su lectura.
De acuerdo con la carpeta de investigación de la FGR/FED/FECC/FECC-OAX/0000293/2020, los exservidores públicos imputados son: Donato Augusto Casas Escamilla, Gabriela del Refugio Velázquez Rosas, Celestino Alonso Álvarez, Juan Ramón Díaz Pimentel, Luis Martín de Jesús Mathus Alonso, Francisco Javier Cornejo Roldán y otros, quienes tendrán que solventar las deficiencias financieras encontradas en cada uno de sus periodos en que fungieron como titulares de los SSO.
En el desglose de la revisión hecha por los auditores de la ASF, en la cuenta pública del 2019, cuya copia de la denuncia está en poder de esta columnista, el cual por ser un documento confidencial no se puede hacer público porque aún siguen las investigaciones, señala que los recursos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Fondo de Aportaciones para los SSO fueron por $4,603 millones de pesos.
De este monto se revisó una muestra de $4,120 millones de pesos que representó el 89.5%. En cuanto a la Secretaría de Finanzas, se verificó que además de abrir una cuenta bancaria específica y productiva, registró contable y presupuestalmente recursos por $4,554 millones de pesos y $48.7 millones de pesos por pagos a terceros (ingresos virtuales).
Sin embargo, registró $567 mil pesos de rendimiento financiero, lo que no es coincidente con la cantidad de rendimientos financieros generados en la cuenta por $690 mil pesos con una diferencia de $123 mil pesos del 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020.
Por tanto, de esta cuenta pública 2019 las observaciones son las siguientes registradas en el expediente 2019-A-20000-19-1003-06-001:
Se presume un posible daño o perjuicio a la hacienda pública por un monto de $17.99 millones de pesos más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación por recursos no pagados durante el primer trimestre de 2020 en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17.
En un segundo expediente con número 2019-A-20000-19-1003-06-002 se presume un perjuicio a la hacienda pública federal por $111.70 millones de pesos, de acuerdo con la revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación más los intereses que haya generado esos recursos.
Un tercer expediente el 2019-A-20000-19-1003-06-003 habría un posible daño a la hacienda pública federal de $1.33 millones de pesos más los rendimientos financieros, ello por el registro de erogaciones de servicios personales contable y presupuestalmente en el capítulo de Servicios Generales.
Así como también por el pago de dos trabajadores que laboran en localidades que no se consideran de bajo desarrollo en un claro incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Reglas del Tabulador de Compensaciones.
Y un cuarto expediente el 2019-A-20000-19-1003-06-004 en cuyas observaciones encontradas por la ASF, se presume un perjuicio a la hacienda pública por $8.77 millones de pesos más los rendimientos financieros generados, debido al pago realizado por los SSO de la factura A28166 del proveedor Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V., por un importe de $6.77 millones de pesos que corresponde al convenio BIRMEX-OPD-OAX-020/2018.
Asimismo, por el pago de la factura FD 19753 del proveedor FUCAM S.C., por un importe de $1.99 millones de pesos que corresponde al contrato SSO-URMSG-DA-AD-20 2018, del ejercicio 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El dictamen de la revisión a la cuenta pública 2019 arroja que se presume un daño a la hacienda pública federal por $1,488 millones de pesos, el cual representa el 36.1% de la muestra auditada.
En conclusión, señala la ASF que se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que los informes enviados a la SHCP por el Gobierno de Oaxaca no guardan coincidencia con la información sobre el ejercicio y destino de los recursos.
Tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, lo cual limitó al gobierno de Oaxaca de conocer sus debilidades y áreas de mejora.
Por lo tanto, la ASF concluye que la administración gubernamental oaxaqueña hoy en el quinto año de la administración de Alejandro Murat Hinojosa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
¡Ufffff!
ARROJA CUENTA PÚBLICA 2018 DAÑO FINANCIERO POR $1,359 MDP
Ahora vamos con la cuenta pública 2018, también tiene serias observaciones financieras, según refiere el expediente 2018-A-20000-19-1139-06-001 que contempla un presunto daño a la hacienda pública por $1,324 millones de pesos más los intereses generados, debido a que se identificaron salidas de dinero de dos cuentas bancarias que abrió SEFIN para recibir los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 por $3,870 millones de pesos a cuentas bancarias donde se realizaron pagos bajo el concepto de nómina.
Y el reporte presupuestario arrojó $2,545 millones de pesos, por lo que se identificó una diferencia de la que se omitió acreditar el destino en los objetivos del Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2018, violentando las leyes.
En un segundo expediente de pliego de observaciones el 2018-A-20000-19-1139-06-003 habría un presunto perjuicio financiero por $8.93 millones de pesos, ello por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para realizar pagos de remuneraciones a 21 servidores públicos que no acreditaron el perfil bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018 que se integran de la siguiente manera:
19 no acreditaron una especialidad en una de las áreas básicas de la medicina para ocupar los puestos de jefe de unidad en hospital, coordinador médico en área normativa “A” y supervisor médico en área normativa. Un servidor público que no acreditó el título de médico cirujano y uno más que no comprobó cédula de enfermera en nivel técnico, incumpliendo la Ley de Coordinación Fiscal; y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín.
En otro pliego de observaciones con número 2018-A-20000-19-1139-06-004 arrojó un presunto daño financiero por $1.22 millones de pesos por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para realizar pagos por concepto de recargos, actualizaciones e intereses ya que enteraron el ISR y aportaciones de Seguridad Social con extemporaneidad, incumpliendo la Ley del Impuesto sobre la Renta y la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Hay otro expediente más el 2018-A-20000-19-1139-06-005 que contempla posible perjuicio financiero por $7.59 millones de pesos debido a que destinaron recursos del mismo Fondo para realizar pagos de la licitación pública número LA-920042950-E4-2018 del servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales sin acreditar las pólizas de estos que fueron asegurados.
2018-A-20000-19-1139-06-006, se observaron presuntos daños a la hacienda pública federal por $3.7 millones de pesos por realizar pagos del contrato SSO-URMSG-DA-AD-14-2018 por concepto del servicio legal de una reingeniería administrativa, análisis y revisión de expedientes de adquisiciones y contrataciones, sin embargo, no se acreditó la prestación del servicio, es decir, no se hizo.
Tampoco se acreditó que dicho proveedor estuviera registrado en el padrón único de proveedores de Compranet, en grave incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
2018-A-20000-19-1139-06-007 se observó un posible perjuicio financiero por $580 mil pesos porque pagaron el número de contrato SSO-URMSG-DA-AD-015-2018 de un servicio de levantamiento para la revisión de la infraestructura y equipamiento del entonces Hospital de la Mujer Oaxaqueña, para verificar la seguridad estructural y no estructural de la unidad médica, pero no se acreditó la prestación del servicio.
Y finalmente, en el expediente 2018- A-20000-19-1139-06-008 se encontraron también diversas irregularidades y un presunto perjuicio financiero por $13.21 millones de pesos por realizar pagos del contrato número SSO-URMSG-DA-AD-019-2018 por prestación del servicio de seguros de riesgo profesional para los trabajadores de salud, pero tampoco se acreditó la prestación del servicio.
IRREGULARIDADES POR $9.11 MDP ENCONTRADAS EN CUENTA PÚBLICA 2017
Ahora echemos un ojo a la cuenta pública 2017, la cual se presume hay un daño a la hacienda pública federal por $9.22 millones de pesos, la cual se desglosa de la siguiente manera:
2017-A-20000-15-1180-06-001 donde se encontraron irregularidades por un monto de $318 mil 067 pesos por pagos a un servidor público sin cubrir el perfil académico, además en la plataforma denominada “Validación Electrónica del Personal SP” correspondiente a 2,751 trabajadores adscrito en 326 establecimiento de salud, en 14 de ellos respondieron que 16 de los mismos no laboraron durante 2017 pero se les realizaron pagos por $4.8 millones de pesos y se detectó que se comisionaron al sindicato a 12 empleados a quienes se les realizaron pagos improcedentes por $1.9 millones de pesos.
2017-A-20000-15-1180-06-002 también arrojó perjuicios financieros por un monto de $6.8 millones de pesos por realizar pagos a 16 trabajadores que no se encontraron laborando ni se presentó la documentación que justifique su ausencia y pagos a 12 empleados comisionados al sindicato.
Tampoco se obtuvo respuesta de 90 trabajadores adscritos a tres establecimientos de salud a quienes se les realizaron pagos por $22 millones de pesos, por lo que la ASF no pudo validar que efectivamente prestaran sus servicios a los beneficiarios del extinto Seguro Popular.
2017-A-20000-15-1180-06-003 arrojó un posible daño de $2 millones de pesos también por realizar pagos que no se encontraron laborando sin que se presentara la documentación que justificara su ausencia.
Además, los SSO realizaron los enteros del ISR correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2017 ante el Servicio de Administración Tributaria de las nóminas financiadas con recursos de la CS y ASF 2017, pero no evidenciaron el entero del ISR de los meses de octubre, noviembre y diciembre por un monto de $43.94 millones de pesos.
Hasta ahí la denuncia presentada por la ASF ante la FGR contra 6 exservidores públicos de los Servicios de Salud de Oaxaca que estarían en capilla.
Todavía falta la revisión de la ASF a las cuentas públicas 2020 y 2021 ya en la administración como titular de los SSO de Juan Carlos Márquez Heine, quien también enfrenta señalamientos de presunta corrupción, pero dejemos que sean los documentos los que hablen.
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