A partir del 13 de febrero, aspirantes y precandidatos a algún cargo en las elecciones de 2022, deberán rendir cuentas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de lo que gastan en sus actividades de promoción.
El organismo administrativo estableció reglas con el fin de garantizar que todos los recursos que se usan para financiar a la política provengan de fuentes lícitas y que no se rebasen los topes establecidos y, en consecuencia, se permita un margen de equidad en la contienda.
Las reglas de fiscalización de precampañas y actividades tendientes, para obtener el apoyo de la ciudadanía para una candidatura independiente, establecen qué tipos de gastos serán considerados en la fiscalización, la forma en la que deben de ser registrados los ingresos y egresos, así como lo relativo a la presentación de informes sobre los mismos.
En congruencia con los criterios emitidos por el órgano electoral, destaca que queda estrictamente prohibido para los sujetos y personas obligadas el recibir aportaciones de personas físicas con actividades empresariales, en el entendido que en múltiples antecedentes se ha establecido que la persona física con actividad empresarial encuadra en el concepto “empresa mexicana con actividad mercantil”.
