La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía de Yucatán por la muerte de José Eduardo Ravelo, quien fue agredido por policías municipales de Mérida el 21 de julio de 2021.
El caso de José Eduardo se hizo viral cuando en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se ve al joven caminando por las calles del Centro Histórico y, momentos después, los agentes del orden lo detuvieron para llevarlo a la comandancia local, para después torturarlo; situación que le generó graves afectaciones a la salud que provocaron su muerte.
Ante tales eventos, la CNDH atrajo el caso para su análisis e investigación que derivó en la acreditación de violaciones graves a derechos humanos a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica, con motivo de la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura y como consecuencia la privación de la vida de la víctima, imputables a autoridades del estado de Yucatán y del municipio de Mérida.
Por esa razón la CNDH pidió a la Fiscalía General de Yucatán continuar la investigación y determinar la sanción para los responsables, así como su responsabilidad penal, además de que las víctimas indirectas tengan acceso a la justicia y analizar las inconsistencias que se advirtieron en la necropsia que le practicó al cadáver de la víctima.
Otra de las recomendaciones es generar un diagnóstico de las carpetas que guardan la investigación y donde se involucran a los policías estatales, y en un periodo no mayor a tres meses revisar todas las carpetas por temas de tortura.
Al presidente municipal de Mérida, Yucatán, le solicita ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares directos de la víctima, con motivo de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en su agravio; además, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, insta a que se le otorgue a la madre de la víctima una reparación integral del daño.
Los familiares deben ser inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que puedan acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Fuente: La Razón