Un trompo que le está calentando la uña al presidente López Obrador es la vulneración, cada vez más acentuada, de la actividad periodística pues, según reconoce el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en lo que va del actual gobierno han sido ejecutados o asesinados 52 reporteros o profesionales de la comunicación.
El funcionario se ha quejado, repetidamente, que el manto de impunidad que envuelve estos homicidios -más una cauda de periodistas lesionados, exiliados, perseguidos, amenazados y desaparecidos- tiene que ver con la casi nula aplicación de la justicia, pues de esta cifra, solo en cinco casos se ha dictado sentencia contra los culpables.
La desatención judicial a los graves casos de agresión en contra de decenas de profesionales del periodismo refleja, de algún modo, que el llamado Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es una entidad sin dientes ni recursos para apurar a que actúen con celeridad las instancias procuradoras e impartidoras de justicia. Una nulidad, en pocas palabras.
Tampoco los demás órdenes de gobierno han resultado eficaces para defender la libertad de expresión o los derechos humanos. Todo ello, basta decirlo con bastante pena, en un marco de cambios y avances fundamentales alcanzados por la Cuarta Transformación.
Paralelo a lo que ocurre en el gremio periodístico, un gran número de casos de intimidaciones y muerte están padeciendo personas defensoras de derechos humanos quienes, desde las trincheras de la sociedad civil, han acompañado y defendido a todo aquél que ha sentido vulnerados sus derechos.
El responsable del Mecanismo quien funge como titular de la Unidad de Derechos Humanos en Gobernación ha aceptado que, entre los grandes enemigos para la protección, amenaza y riesgos que sufren estos dos sectores de la sociedad, se encuentran además de la impunidad, el crimen organizado y las autoridades municipales que no asumen sus obligaciones de proteger, sino que son parte del problema.
Lo que no se dice, cuando los funcionarios del ramo están enfrente de las y los gobernadores de los estados es que, no importando del partido que procedan, sus administraciones también han sido omisas o cómplices de quienes perpetran los delitos o las agresiones. El Oaxaca de los Murat es prueba fehaciente del desdén por investigar y castigar, de manera ejemplar, el asesinato y las agresiones sufridas por trabajadores de medios de comunicación.
Esta situación está a punto de explotarle en las manos al primer mandatario y obligarlo a tomar medidas más drásticas para que, los recurrentes casos que a diario se denuncian, no expongan a su régimen a que sea catalogado por organismos de derechos humanos como poco sensible a estos reclamos. Si hay que cambiar leyes, instituciones y relevar mandos, es momento de hacerlo con el concurso de la mayoría del Congreso.
Esta semana la discusión pública se encendió ante la muerte, terrible y triste, de tres profesionales de la comunicación, una de las cuales mantenía medidas cautelares a su favor. Esto provocó que Encinas hiciera un llamado a cerrar filas para combatir este flagelo mediante acciones más firmes del Estado para enfrentarlo.
Una de ellas podría ser la presentación de una Ley General para establecer con perfecta claridad el tipo de responsabilidad y obligaciones entre los tres órdenes de gobierno, creando un sistema de prevención y protección a favor de este sector de la sociedad. No hay que olvidar que entre 40 y 50 por ciento de las agresiones provienen de autoridades locales las cuales, de manera muy cómoda, remiten los casos a la instancia federal.
Esto está sucediendo en Oaxaca, donde la autoridad estatal y no se diga los ayuntamientos, hacen mutis a la insultante inseguridad que padece la población. No escuchan, no ven ni sienten la problemática que nos aqueja.
La designación presidencial de la activista social y reportera de La Karakola, Nuria Fernández – quien proviene de las redes de resistencia y rebeldía zapatista- como nueva titular del DIF nacional, ha generado reacciones de quienes no entienden que un gobierno democrático debe dar acceso a gente que aporte a la transformación y que haya demostrado estar del lado de los débiles, como es el caso. Nuria tiene ahora la responsabilidad de asumir, con eficacia y humanismo, desde el servicio público, la defensa de las niñas, niños y las familias más desprotegidas. ¡Enhorabuena!
@ernestoreyes14
