Defensores de derechos humanos y periodistas cuestionaron la falta de efectividad de los mecanismos para frenar los ataques hacia este sector que han provocado muertes.
Durante el diálogo regional para impulsar una iniciativa de ley general de Prevención y Protección ante Agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, manifestaron que se tienen leyes y reglamentos que no se aplican, y burocratismos que frenan la atención debida.
Manifestaron su inconformidad porque a este ejercicio no acudieron autoridades como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para mostrar voluntad para avanzar de manera correcta.
Yesica Sánchez Maya, integrante de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario, lamentó que no se tenga un presupuesto real para la atención, se les pide aportar pruebas y documentos que les generan gastos importantes que no los pueden solventar y que detiene la revisión y atención de los casos.
A su vez, la periodista Soledad Jarquín Edgar, afirmó que se debe profundizar en la ley, pero verificar lo que ha hecho el gobierno y las respuestas que ha dado ante estos problemas, pues no se tienen ningún tipo de avance.
En cada uno de las muertes se tienen omisiones y falta de atención en estos hechos, incrementando la impunidad fomentada desde el gobierno que pone en mayor riesgo a periodistas y defensores de derechos humanos.
Antes, Enrique Irazoque Palazuelos titular para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, destacó que se impulsa una ley que no genere falsas expectativas, pero también que se cuente con medidas efectivas para la aplicación de la justicia.
Reconoció que la impunidad ha provocado que se tenga un incremento de las agresiones y las muertes, en donde se requiere la participación activa de los tres ordenes de gobierno.
Sobre todo, no deben suplir las obligaciones legales que tienen las policías municipales y estatales, pero tampoco de las obligaciones de las fiscalías por denuncias de actos en contra de defensores o periodistas, dijo.
En este sentido, señaló que los gobiernos deberían emitir medidas cautelares para garantizar el ejercicio de sus labores conforme lo marcan las leyes, esto no siempre se da y por ello se está invirtiendo en acciones para que se logren avances.
Este mecanismo no es una instancia para aplicar medidas en estados y municipios, para esto están las autoridades correspondientes por ello se busca crear un Sistema Nacional de Prevención de ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, lo cual podría ser impulsado con el respaldo de autoridades locales, puntualizó.
