Al clausurar el diplomado “Derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito jurisdiccional”, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla indicó que es necesario que todas las instituciones atiendan a este sector poblacional con perspectiva de infancia y adolescencia, para garantizar su pleno desarrollo.
Acompañado por la Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosamena de Troitiño, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca magistrado Eduardo Pinacho Sánchez y el rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista Martínez, el ombudsperson resaltó que la visión adultocentrista sobre la que se construyeron los sistemas e instituciones sociales dificulta que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer eficazmente sus derechos.
Explicó que los sistemas jurisdiccionales, pero también los no jurisdiccionales incluidos los organismos públicos defensores de derechos humanos, afrontan estos retos, lo que dificulta el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes.
Bernardo Rodríguez Alamilla detalló que niñas, niños y adolescentes enfrentan importantes barreras de desigualdad para poder acceder de manera muy particular a la justicia, pero también a reclamar sus derechos ante los tribunales.
Resaltó que es trascendental introyectar y repensar, reconstruir las instituciones para hacer mucho más accesible y eficaz el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a participar en todos los asuntos que les afectan y que sean tomados en cuenta debidamente sus opiniones.
Bernardo Rodríguez Alamilla dijo que, debido a estos retos comunes, la Defensoría conjuntamente con el Poder Judicial y la UABJO, realizaron el diplomado “Derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito jurisdiccional”.
Agregó que este proceso formativo se concibió como una serie de actividades dirigidas a dotar de herramientas teóricas y prácticas a personas operadoras de justicia, defensoras y defensores públicos, personas defensoras de derechos humanos, ministerios públicos, abogadas y abogados litigantes, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia desde la perspectiva de derechos humanos, interculturalidad, de género, interseccionalidad en todos los procesos jurisdiccionales que involucren a niñas, niños y adolescentes.
Durante su intervención, el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez dijo que el diplomado permitió profundizar en los avances jurídicos en materia de protección y reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, además las y los participantes recibieron herramientas prácticas en materia de atención para cumplir con la misión de garantizar el pleno desarrollo de la infancia y adolescencia.
Mientras que, el rector Eduardo Bautista Martínez resaltó la importancia de incidir en la agenda pública la perspectiva de derechos de infancia y adolescencia, de modo que las instituciones puedan brindar una atención integral, así como garantizar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes.
La Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosamena de Troitiño impartió una conferencia magistral, en la que resaltó que, es fundamental transformar la visión que considera a niñas, niños y adolescentes como objetos de protección, pues se les debe considerar como personas con derechos a las que se les tiene que tomar en cuenta al momento de tomar decisiones que les afectan.
Además, reconoció que el diplomado es fundamental para brindar a las personas involucradas en los procesos jurisdiccionales relacionados con infancias y adolescencias la perspectiva de derechos humanos, con elementos de género e interculturalidad les brinda un panorama que les permite proteger más adecuadamente el interés superior de la niñez.
Cabe destacar que en el diplomado “Derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito jurisdiccional”, participaron 127 personas, entre servidores públicos, defensores de derechos humanos, así como personas académicas, quienes reforzaron sus conocimientos en materia de perspectiva de infancia.
