Ciudad de México, 26 mar (EFE).- La Guardia Nacional mexicana cumple tres años desde su formación jurídica rodeada de polémica por estar funcionando, según expertos consultados por Efe, como una herramienta para la militarización, situación que podría afianzarse todavía más en 2022 en un país donde las masacres y la violencia no cesan.
“La Guardia Nacional (GN) fue creada con el consenso de todas las fuerzas políticas. Para llegar a ese consenso el Gobierno federal tuvo que rectificar su propuesta inicial de hacer una corporación netamente castrense”, dijo a Efe el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre.
Para el doctor Javier Oliva Posada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este cuerpo policíaco “nace con un respaldo político y jurídico muy importante a diferencia de otras instituciones de seguridad pública, que suelen nacer siempre con mucha polémica”.
CERCANÍA CON LO MILITAR
Aguirre aseguró que incluso su organización vio la creación con esperanza, pero pronto los contenidos iniciales del plan “se fueron diluyendo” y la Guardia Nacional tomó muy pronto un camino mucho más cercano a lo militar. Tanto que está encabezada por un militar, el general Luis Rodríguez Bucio, en lugar de un civil, como se prometió inicialmente.
Las reformas constitucionales necesarias para crear la Guardia Nacional fueron apoyadas por unanimidad, pero la imagen que se dio de esta corporación era otra.
Y los cambios han ido caminando hacia la militarización llegando al culmen en mayo pasado, cuando a través de un decreto el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.
Además, la Guardia Nacional pasaría a formar parte en su totalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), algo que organizaciones civiles han criticado porque, dicen, significaría la militarización de la seguridad pública.
LA OPORTUNIDAD DEL CONTRAPESO
Sobre esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente la discusión de un recurso de inconstitucionalidad, decisión en la que, consideró Aguirre, ese tribunal puede jugar “un papel relevante de contrapeso”.
Oliva explicó que, aunque otras corporaciones del mundo tienen origen militar y funciones policiales, esta decisión presidencial puede cambiar tajantemente el rumbo de la Guardia Nacional.
“El primer recurso de un soldado es accionar su arma para liquidar y el último recurso del policía es el arma”, expresó.
CONTENCIÓN EN EL PICO DE VIOLENCIA
El pasado 17 de febrero el Gobierno de México anunció que el número de homicidios dolosos en México registró una reducción anual del 14,2 %, al pasar de 2.635 en febrero de 2021 a 2.260 el mes pasado, 375 casos menos.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en los últimos 9 meses hubo una tendencia sostenida a la baja de los homicidios intencionados o dolosos.
Sin embargo, medios de comunicación de México y de todo el mundo recogieron en sus portadas en los últimos meses masacres y tiroteos que dejan en evidencia la situación de descontrol en la que se encuentran múltiples zonas del país.
“Los datos oficiales señalan que hay contención en algunos de los delitos, sobre todo en homicidio doloso con arma de fuego. Y sí está contenido, pero en su pico más alto”, señaló Oliva.
Con él coincidió Aguirre, quien consideró además que empieza a darse en México una discusión sobre la “solvencia técnica” respecto a las cifras que presenta el Gobierno y los segmentos que cortan para hacer comparaciones.
“Estamos teniendo años con más de 35.000 homicidios, no hay reducción que celebrar”, sostuvo.
Ante esta situación, ambos expertos concordaron en que 2022 será un año decisivo en el que podría afianzarse la militarización de la seguridad pública en el país si se continúa en el camino establecido por el presidente y se confirma la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena.
“Estamos más bien escépticos y preocupados y consideramos que si se confirma esta reforma esto marcaría un punto de no retorno que sería difícil de cambiar en el futuro”, consideró el director del Centro Prodh. EFE
