La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 59/2022 a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) y a su titular Verónica Hernández Giadáns, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad y de acceso a la justicia, en agravio a José Manuel del Río Virgen, ya que se acreditó detención arbitraria, imputación indebida de hechos y vulneración al debido proceso y a la debida diligencia.
Asimismo, resultado del análisis de las evidencias del expediente CNDH/2/2022/1/Q integrado una vez atraído el caso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República preso en un penal de Veracruz, el órgano defensor también precisó sobre la violación a los derechos humanos de las personas que viajaban junto con Del Río Virgen, entre ellas una menor de edad, para quienes también se exige la reparación de daños.
La CNDH documentó que Del Río Virgen fue aprehendido en territorio veracruzano el 22 de diciembre por un grupo de ocho personas quienes apuntaban con armas largas al vehículo y no le notificaron a tiempo el motivo de su detención, además de que lo venían vigilando desde Tuxtepec, Oaxaca, adonde había ido de paseo con su familia.
Fue enviado a prisión por el juez de control Francisco Reyes Contreras, quien lo vinculó a proceso por el homicidio de René Tovar, candidato a alcalde de Cazones de Herrera, previo a las elecciones pasadas, pero la CNDH acreditó que la autoridad de justicia local informó que la orden de aprehensión fue solicitada luego de que investigaciones realizadas del 19 de junio al 9 de diciembre de 2021 aportaran “nuevos elementos de prueba” en su contra por probable participación en el homicidio.
No obstante, de acuerdo con la CNDH, esos “nuevos elementos de prueba” no fueron más que ampliaciones de declaraciones de testigos, mismas que se rindieron el 20 de octubre de 2021, pero entre la fecha de esos testimonios y la solicitud de la orden de aprehensión, en ningún momento se citó a comparecer a José Manuel para que pudiera ejercer el derecho a una defensa adecuada dentro del Proceso Penal.
Fue hasta el 22 de diciembre que Del Río Virgen tuvo conocimientos de los delitos que se le imputaban, por lo que además de que la autoridad de justicia local no realizó una valoración objetiva de las evidencias que se alegó, “en ningún momento se desprende la participación de José Manuel del Río Virgen en la comisión de un delito, por lo que resulta en una flagrante imputación indebida de hechos”
En ese sentido, la CNDH determinó que “hay evidencias suficientes para establecer que en el caso hubo violación al derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia” por parte de la autoridad de justicia local que supuso la integración de nuevos elementos contra Del Río Virgen para solicitar la privación de la libertad, pues vulneró el derecho al debido proceso y a la debida diligencia.
“Su actuación vulneró el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, al realizar una deficiente valoración de pruebas, desestimando la verdad de los hechos y pretendiendo crear una variante paralela de la realidad abusando de sus facultades y del ejercicio del poder”.
Por lo tanto, la CNDH recomendó a la FGEV y a su titular Verónica Hernández Giadáns se proceda a la reparación del daño a José Manuel del Río Virgen y personas que presenciaron y han padecido su detención arbitraria, mediante una compensación justa y suficiente, por lo que deberán ser inscritos en el Registro Estatal de Víctimas.
Pidió que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, se les otorgue atención médica y psicológica con personal profesional especializado y medicamentos convenientes a su situación, toda vez que Del Río Virgen tiene un “diagnóstico crónico del tubo digestivo”.
El organismo solicitó a la fiscal estatal colaboración amplia con la Contraloría General de la FGEV en el trámite y seguimiento de la queja y la denuncia de hechos que interpondrá contra los servidores públicos involucrados en los hechos y observaciones de la recomendación, para que se deslinden responsabilidades y se apliquen las sanciones conducentes.
También recomendó se imparta un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, el cual deberá ser efectivo para prevenir sucesos similares.
La Fiscalía de Veracruz tiene quince días hábiles, a partir de la notificación, para responder públicamente sobre la aceptación de la recomendación 59/2022 que se resolvió el 24 de marzo por la CNDH, misma que ha dado seguimiento a los casos de abusos de autoridad cometidos por el gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz.
Fuente: El Heraldo de México
