La Fiscalía General de la República (FGR) ha ignorado las cuatro denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le ha presentado por el caso Odebrecht, derivado de una auditoría a Pemex Transformación Industrial.
De hecho, para la Fiscalía sólo existe registro de una denuncia relacionada con el caso de corrupción de la empresa brasileña en México, “la cual ya es pública”, según lo que respondió a una solicitud de transparencia.
De acuerdo con información obtenida a través de diferentes solicitudes de transparencia tanto a la ASF como a la Fiscalía, la Auditoría sólo ha presentado cuatro denuncias por el caso Odebrecht y todas datan del año 2021, como resultado de la auditoría especial de Cumplimiento Financiero 479-D, de la Cuenta Pública 2016, realizada a Pemex Transformación Industrial (PTI).
El título de la auditoría fue “Mantenimiento de la Capacidad de Producción y Conversión de Residuales en las Refinerías Salamanca y Tula” y como parte de la misma se revisaron siete contratos, de los cuales tres fueron adjudicados directamente a Constructora Norberto Odebrecht.
Uno, fue el contrato DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14, para el “Desarrollo de la Fase I del proyecto conversión de residuales de la Refinería de Salamanca”, asignado a la asociación de empresas Constructora Norberto Odebrecht, S.A./ICA Flúor Daniel, S. de R.L. de C.V./Flúor Enterprise, Inc.
El segundo fue el contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, que tuvo por objeto el “Acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo” y el tercero fue el contrato DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3- 15, para la “Construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo”.
Como parte de la auditoría se identificaron posibles quebrantos al erario por pagos improcedentes a la contratista.
En el momento del dictamen, en 2017, se determinaron recuperaciones por más de mil 250 millones de pesos, las cuales no se han logrado, pues a la fecha, sigue habiendo al menos mil 197 millones de pesos extraviados, de los que mil 182 millones ya forman parte de procedimientos de responsabilidad administrativa.
Las acusaciones surgidas de esa auditoría fueron presentadas formalmente por la ASF a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos, en tres fechas distintas: el 17 de febrero de 2021, el 19 de abril del 2021 y el 29 de octubre de 2021, cuando se presentaron dos.
A pesar de que tanto la ASF como la Fiscalía Anticorrupción forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual se creó para lograr una mayor comunicación y coordinación entre las instituciones dedicadas al combate y sanción a la corrupción, todo indica que la Fiscalía no se da por enterada de las denuncias que la Auditoría le presenta.
Una solicitud de transparencia formulada a la ASF arroja un dato que lo comprueba: se le pidió informar qué número de averiguación previa o carpeta de investigación se asignó a cada una de esas denuncias derivadas de la auditoría 479-D a PTI, que para la Auditoría están en estatus de presentadas desde el año pasado, y respondió que, hasta febrero pasado, la Fiscalía no les había asignado número de carpeta.
Pero no son las únicas, hay poco más de 50 denuncias, de las más de mil 100 que la ASF ha turnado a la Fiscalía, sin número de averiguación o de carpeta.
Para cruzar datos con la FGR, se le pidió conocer cuántas denuncias ha recibido, desde que era PGR, relacionadas con el caso Odebrecht.
La solicitud no se refería solo a denuncias presentadas por la ASF, sino que informara en total cuántas denuncias, en general, había recibido del caso y que precisara cuántas venían de instituciones públicas y cuántas de particulares, así como los datos de la fecha de recepción, el número de carpeta asignado a cada una, el estatus y el área de la Fiscalía en la que se radicaron.
La institución ministerial respondió escuetamente que sólo “fue recibida una denuncia, misma que ya es pública y la cual se encuentra judicializada y en trámite, haciendo de conocimiento que los primeros cinco tomos del expediente citado ya fueron subidos en versión pública a la Plataforma Nacional de Transparencia”.
Además, la FGR precisó: esa carpeta de investigación “se encuentra en trámite y se requiere respetar el debido proceso”.
Y aclaró que “la información está bajo la jurisdicción del Juez de Control, siendo a éste a quien le corresponde determinar lo relativo a la publicidad de la misma, al ser el rector del procedimiento que se sigue ante su potestad, pues en esta etapa del procedimiento, el Ministerio Público es sólo una parte en el proceso”.
En su respuesta, la FGR no informó el número de carpeta de investigación de la que se trata ni quién presentó esa denuncia, si un particular o una institución pública, ni la fecha.
Esa respuesta oficial desestima, por lo tanto, las diversas querellas y carpetas de investigación que existen sobre el tema y que han sido reportadas en los medios de comunicación.
Por ejemplo, la carpeta FED/SEIDF/CGI-0000117/2017 y la FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019, ambas contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en las que se le acusa de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, en la primera, y de uso indebido de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la segunda.
Pero también está la FED/SEIDF/CGI-CDMX/000865/2020, en la que Lozoya acusó directamente a Enrique Peña Nieto de participar en la trama de sobornos de Odebrecht.
Fuente: Milenio
