Con cifras oficiales, la organización Save the Children llamó a “detener la violencia y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país”, en víspera de la conmemoración del Día de la Niña y el Niño.
Para ilustrar la gravedad de la violencia, la organización destacó que si en 2021 “cada día siete niñas, niños o adolescentes fueron asesinados y 37 sufrieron violencia física”, para este año las cifras no son alentadoras, pues en el primer trimestre de 2022, “se han registrado 595 homicidios de niñas y niños y un aumento de 83.52% de reportes de violencia familiar con respecto del año 2015 (233 mil 978 en total)”.
Al destacar que la situación puede ser peor, si se considera que persiste una cifra negra de casos no denunciados, la organización destacó que en el caso de niñas y adolescentes “se suma la violencia por razones de género, quienes se encuentran más vulnerables a vivir agresiones sexuales, inseguridad financiera, abuso emocional o ser víctimas de delitos como la explotación sexual y la trata de personas, delito del que fueron rescatadas en el 2021 al menos 259 niñas entre 12 y 14 años de edad”.
Aunado a ello, los feminicidios también se ensañaron entre niñas y adolescentes, entre las que se cobraron nueve vidas al mes durante el año pasado.
Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save the Children en México, alertó que nuestro país “está en deuda” con esa población, que sufre “la normalización cultural de la violencia sistémica en su contexto familiar, escolar y comunitario”.
Ese contexto “está cobrando sus vidas y les está haciendo vivir situaciones que ninguna persona, pero específicamente ninguna niña, niño o adolescente le corresponde vivir”.
Ramírez apuntó que para niñas y niños de México no habría mucho que celebrar este 30 de abril “cuando su derecho más fundamental, su derecho a la vida, no está siendo garantizado ni protegido”.
Save the Children enlistó algunos otros datos que revelan otro tipo de violencias contra los menores de 18 años: antes de la pandemia, 60% de niñas niños y adolescentes no contaban con seguridad social; en los últimos cinco años, se mantienen reportes de que 3.3 menores realizan “actividades peligrosas y prohibidas por la ley, y/o que ni siquiera han contado con la edad mínima para ejercer un trabajo”; en 2021 llegaron a México 75 mil 500 niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular “y en condiciones de inseguridad que han puesto en riesgo su vida, integridad y libertad”, sobre todo porque se han visto obligados a tomar rutas más peligrosas, controladas por grupos criminales, ante la militarización de los controles migratorios.
La organización lamentó que en esta administración “la política de austeridad ha dejado a numerosas secretarías y dependencias sin recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para desempeñar funciones de gobierno fundamentales para la garantía y protección de los derechos en el país”.
La directora de Save the Children apuntó que “si no se generan las políticas con presupuesto suficiente para su implementación, y si como sociedad no hacemos un cambio cultural que fomente la voz y participación de niñas, niños y adolescentes, no podemos lograr el México que imaginan y tienen derecho a vivir”.
La organización llamó a crear un Programa de Emergencia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar todas las formas de Violencia contra las niñas, niños y adolescentes; fortalecer los sistemas integrales de protección de la infancia, las fiscalías, agencias del Ministerio Público y las procuradurías de protección de la niñez, “para gestionar coordinada y eficientemente los casos de vulneración a los derechos de la niñez integrando la perspectiva de género”.
Save the Children urgió a garantizar el acceso a la justicia y medidas de no repetición en casos en que los menores “han sido afectados por la violencia, matrimonios forzados, desaparecidos o asesinados”; optimizar las capacidades de las instituciones para “identificar y atender casos de riesgo” en entornos familiares y comunitarios, así como establecer medidas de cuidados alternativos, “trabajar con las familias para lograr la reintegración y garantizar efectividad de la restitución de derechos” vulnerados.
La organización consideró indispensable diseñar estrategias que atiendan las causas estructurales de la violencia, así como campañas de comunicación para concientizar sobre las situaciones que violentan a la niñez; involucra a la sociedad y medios de comunicación, e instrumentar una política nacional para prevenir y erradicar el trabajo infantil, a fin de erradicarlo en 2025.
Fuente: PROCESO
