Llaman a integrantes de la Corte a sostener las reformas de la ley 3 de 3 contra la violencia.
Marchan por el primer cuadro de CdMx con tendederos de fotografías de funcionarios y legisladores que no pagan alimentos.
Libertad López
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de agosto del 2022.- Colectivas feministas tomaron las calles del Centro de la capital, con el grito de «¡Un deudor no será legislador ni gobernador!», y clausuraron simbólicamente la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, ubicada en Calle Cuba 60.
En marcha festiva, más tarde, entregaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un documento que respalda las reformas que impiden que hombres deudores de pensión alimenticia dentro de la campaña 3 de 3 contra la violencia, que fueron impugnadas por la CNDH, sean servidores públicos.
La jornada feminista inició esta mañana en la calle de Cuba del Centro Histórico, donde está un edificio alterno de la CNDH, y ahí hicieron cuestionamientos a la acción de inconstitucionalidad que su titular, Rosario Piedra Ibarra, que presentó ante la SCJN para que se elimine la prohibición de que deudores de pensión alimenticia puedan acceder a diversos cargos por elección popular o designación, que ya se aprobaron en Yucatán e Hidalgo.
«No queremos piedras en el camino para la ley 3 de 3 que garantiza que ningún agresor tendrá poder», manifestó Yndira Sandoval de la colectiva Las Constituyentes, impulsora de los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral INE aplicó en las elecciones de 2021 y 2022 y que incluye la exclusión electoral de violentadores sexuales y domésticos, y omisos en sus obligaciones de alimentos para sus hijos e hijas.
Establecieron momentáneamente un plantón en la sede de la CNDH, que se acompañó de un tendedero de fotografías de presuntos deudores de pensión que dejaron de apoyar la alimentación de sus hijos e hijas y entre los que figuran funcionarios, integrantes de partidos políticos o legisladores. Cabe recalcar que hace un año, una investigación periodística encontró 87 legisladores deudores de alimentos.
Llaman a integrantes de la Corte a sostener las reformas de la ley 3 de 3 contra la violencia.
La dirigente y feminista Karen Quiroga, lamentó que sea la presidenta de la CNDH quien ahora pretenda disculpar a los padres que se niegan a participar en la crianza y manutención de sus hijos y de sus hijas menores de 18 años; ella recordó públicamente que se solicitó la semana pasado al Senado de la República, que haga la remoción de Piedra Ibarra, por no defender los derechos humanos de las infancias y de las mujeres.
Luego de hacer la clausura simbólica de la sede de la CNDH, las activistas marcharon hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un lado de Palacio Nacional, en la que volvieron a desplegar el tendedero de imágenes de deudores e hicieron un llamado a las y los 11 ministros para que respalden las leyes 3 de 3 contra la violencia, que actualmente avanzan en 9 entidades del país.
En su turno, la ex diputada federal de Morena, Lorena Villavicencio, integrante de la colectiva Rebeldes con Causa, destacó como incomprensible que ahora se busque desde la CNDH retroceder en una legislación que permite desnormalizar la irresponsabilidad de los padres que no pagan pensión. Más de 45 mil niñas y niños están en esa situación.
Diana Luz Vázquez Ruiz, promotora de Ley Sabina que busca una reforma para que exista un padrón federal de deudores, anunció que exigirán que todos los aspirantes a cargos de elección popular se definan sobre la 3 de 3 y se comprometan a cumplirla.
Yndira Sandoval advirtió que «la ley 3 de 3 descarta corcholatas, porque no habrá ningún prestigio que alcance cuando se trate de agresores», advirtió que las mujeres organizadas frenarán su llegada al poder.
Con el respaldo de mil 350 firmas de organizaciones, colectivas, académicas y feministas, se entregó en la sede de la Corte el amicus curiae, como se le denomina al documento de respaldo a una ley cuando es materia de algún litigio constitucional.
El recurso va dirigido particularmente al ministro Alberto Pérez Dayán, a quien ya fue turnada la acción de inconstitucionalidad de la presidenta de la CNDH, contra le reforma de Yucatán.
A las protestas se sumaron activistas de la Ciudad de México, Querétaro, Coahuila, Oaxaca, Morelos, Estado de México y Michoacán.