Para combatir posibles actos de corrupción, la legisladora del partido albiazul Naty Díaz propuso una iniciativa para modificar la Ley de Adquisiciones y establecer un mecanismo que responsabiliza a los titulares de las dependencias contratantes, para que vigilen el cumplimiento de los actos jurídicos inherentes a los procesos de compra, con el objeto de que los servidores públicos que participen en la desviación de recursos respondan por sus conductas.
Explicó que como parte de los compromisos legislativos con la ciudadanía “es necesario advertir posibles deficiencias en nuestro marco normativo, que pudieran transformarse en hechos de corrupción”.
Por ello -señaló Díaz Jiménez- la presente iniciativa radica en establecer un mecanismo que responsabiliza a los titulares de las dependencias contratantes, para que vigilen el cumplimiento de los actos jurídicos inherentes a los procesos de adquisición, con el objeto de que los servidores públicos que participen en la desviación de recursos respondan por sus conductas.
Expuso que la Ley de Adquisiciones tiene como objeto regular las operaciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como los Ayuntamientos, relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de adquisiciones de mercancías, materias primas y otros bienes muebles e inmuebles; enajenaciones de bienes; arrendamiento de bienes; contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, y arrendamientos financieros.
Puntualizó que el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), en diversas publicaciones ha señalado su preocupación en el área de compras y adquisiciones de la Administración Pública, ya que la alta ejecución de recursos propicia que las operaciones realizadas sean susceptibles de presentar actos de corrupción.
Es en atención a lo anterior para que los servidores públicos puedan llevar acabo de manera responsable los recursos públicos mediante una normatividad eficaz, pero sobre todo preventiva, añadió.
Precisó que la iniciativa con proyecto de decreto adiciona el tercer parrafo recorriendose en su orden el subsecuente del articulo 2 de la ley de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, prestación de servicios y administración de bienes muebles e inmuebles del estado de Oaxaca.
La propuesta establece que “cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización. En este último supuesto, el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen de acuerdo al presente artículo”, agregó.
La iniciativia se envió a la Comisión Permanente de Administración Pública, para continuar con su análisis.