La Diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, Presidenta de la Comisión de Gobernación de la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso de Oaxaca e Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una Iniciativa por la que se adiciona el Articulo 381 TER y se reforma el Articulo 383 del Código Penal de Oaxaca, para establecer el delito de FRAUDE EN AGRAVIO DE UNA PERSONA ADULTA MAYOR, sector expuesto al abuso y el maltrato, derivando en un problema de salud pública, social y de seguridad que disminuye su calidad de vida y afecta su dignidad.
La legisladora expuso que el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, reveló que 467 mil personas son adultas mayores, lo que representa el 10.1% de la población total del Estado, de ahí la importancia para atender el problema; “actualmente, en nuestro Código Penal, solamente tenemos previsto que, dentro del delito de violencia familiar se establece la violencia patrimonial, al respecto es necesario precisar que se trata de un delito genérico que aplica a diversos grupos en condiciones de vulnerabilidad, no referida exclusivamente al grupo de personas adultas mayores, por lo que es necesario señalar que la tipificación de la conducta delictiva se circunscribe a las relaciones de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o que mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima, dejando fuera otras personas que no entran en esa definición, pero que materialmente pueden estar colocadas en situaciones que les otorgue una posición ventajosa frente a la vulnerabilidad de las personas adultas mayores”, en tanto que la violencia patrimonial la define como la conducta delictiva referida únicamente a la apropiación o destrucción del patrimonio de la pareja o cualquier miembro de la familia, con lo que delimita el delito estableciendo una calidad de sujeto activo y pasivo específica y limitada.
Por lo anterior, dicha iniciativa, dijo, la Diputada por el Distrito 04; “no es restrictiva en cuanto a la calidad de sujeto activo, razón por la cual no puede estar considerada en el capítulo relativo a Violencia Familiar, pero además, establece una penalidad mayor, definiendo el delito de fraude en agravio de una persona adulta mayor, aquella conducta en la que mediante el engaño o aprovechándose de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra, controle, disfrute, retenga, sustraiga o disponga de efectivo, cuentas bancarias, valores, acciones, bienes muebles e inmuebles, salarios, pensiones, ingresos o cualquier tipo de percepción que legalmente le corresponda a una persona adulta mayor, además de establecer una penalidad mayor, cuando el delito se cometa por personas que por la relación que guardan con la víctima tengan una consideración especial de confianza respecto a estos”, por lo tanto la pena será de 6 a 12 años de prisión.
El objetivo dijo la congresista originaria de la Cuicateca, es establecer mecanismos más eficaces para cumplir con la meta de la protección efectiva a las personas adultas mayores; “esencialmente, un sector de la población en franco crecimiento, por ello es indispensable dar pasos adelante en el establecimiento de directrices de avanzada para la efectiva protección y tutela de sus derechos fundamentales”.
Liz Concha detalló que de acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para 2020, la población de personas de 60 años o más en México era de 15.1 millones, representando un total de 12% de la población total, pero además, si comparamos los censos de 1990 a 2020, tendremos que la población de adultos mayores pasó de 5 millones a 15.1, lo que evidencia un proceso de envejecimiento en el País, pero que también se está reproduciendo a nivel mundial.
Lamentablemente, explicó la Diputada oriunda de la Región Cañada de Oaxaca, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estima que hay 12.96 millones de personas que se encuentran expuestas en sus derechos fundamentales derivado del abuso y el maltrato, registrando 34,200 denuncias relacionadas con delitos contra personas adultas mayores, de las cuales, el 57% corresponden a carpetas de investigación por delitos patrimoniales, “sin embargo una práctica común que se da a nivel nacional e incluso, a nivel internacional, es el -abuso financiero- y la -explotación económica- contra personas adultas mayores, práctica reiterada que se incrementa porque los delincuentes consideran que es más fácil engañarlos, o bien, porque existen factores de riesgo como el hecho de que dejan de estar alerta de sus asuntos financieros principales, su fragilidad física, el aislamiento y los comportamientos cuestionables de familiares propician que se encuentren en una mayor condición de vulnerabilidad frente a conductas delictivas”.
Por todos estos argumentos, Liz Concha sometió a consideración del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura de Oaxaca, dicha iniciativa que busca frenar los abusos contra personas adultas mayores.
Se turna a Comisión el Punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral incrementar sus módulos itinerantes
La Diputada Liz Concha propuso un Punto de Acuerdo por el que el Congreso del Estado, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y sus vocalías en la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, amplíen el número y la cobertura de los módulos itinerantes de atención que recorren el Estado de Oaxaca, para la actualización del Padrón Electoral, toda vez que se traduce en gastos no previstos para quienes tramitan dicho documento oficial; “la dificultad para acceder a los módulos, implica que las personas que pretenden realizar su trámite, deban desembolsar una cantidad importante de recursos, por ejemplo, en la Sierra Mazateca, me expusieron que para acudir al módulo ubicado en Teotitlán de Flores Magón se organizan para rentar una camioneta que tiene un costo de seiscientos pesos por persona en un pasaje de ida y vuelta, luego, para recoger su credencial deben desembolsar otra cantidad similar para concluir el trámite y contar con su identificación oficial. Por ello, resulta indispensable que los módulos itinerantes que ya se encuentran funcionando, se amplíen en número y con ello se aumente la cobertura, particularmente en aquellos lugares de difícil acceso o que por la distancia, representa un sensible impacto económico, por ello, apelo al profesionalismo y a la capacidad técnica que el INE ha mostrado para atender con prontitud la problemática que hoy planteo”, expuso en tribuna la legisladora..
