– La tarea de salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos debe estar al mando del orden civil y no castrenses, admitió el defensor
– Pero debido a la intromisión del crimen organizado en estados y municipios no existen muchas opciones para el gobierno federal
María de los Ángeles Nivón/Carina García
Para el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla la posibilidad de que la seguridad en el país pase a manos de los cuerpos castrenses representa un “estado de alerta”, aunque consideró que debido a la intromisión del crimen organizado en estados y municipios no existen muchas opciones para el gobierno.
Ante la discusión a la cual se someterá la minuta de reforma de la Guardia Nacional (GN), en el Senado de la República, la cual fue turnada a comisiones, tras su aprobación en la Cámara Baja, el abogado del pueblo dijo a Primera Línea Mx que la tarea de salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos debe estar al mando del orden civil.
“Es un escenario de retos importantes para la seguridad pública en el país, creemos que sí, lo ideal sigue siendo que los mandos de este cuerpo que hemos creado para la seguridad pública en el país estén a cargo de una persona de índole civil desde el punto de vista de derechos humanos”, insistió.
Lo anterior al considerar que la seguridad pública de un estado es distinta a las actividades o labores que desarrollan los cuerpos del Ejército Mexicano, los que fueron creados para eso, no es lo mismo, admitió.
De acuerdo con la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la GN pasaría a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin embargo, el defensor señaló que es necesario que la propuesta continúe en la discusión toda vez que en términos de seguridad “estamos en crisis”.
VISOS DE UNA MILITARIZACIÓN
En caso de que la propuesta presidencial pase en “fast track”, el titular de la Defensoría consideró que deberá existir pesos y contrapesos al interior de los cuerpos de seguridad con el objetivo de que no existan excesos.
Rodríguez Alamilla no descartó que existan visos de una posible militarización debido a que es parte de un esquema que el gobierno ha tratado de generar “existe una realidad del país que no hay que soslayar; es necesario seguir profesionalizando a los elementos de seguridad, pero el problema es que lleva una temporalidad”.
“El trabajo que realizan los elementos castrenses son lógicas distintas de intervención y en ella nosotros consideramos que es un escenario de retos importantes, que creemos está en la numeralia que los mismos órganos de defensores de derechos humanos”, destacó el entrevistado.
Sin embargo, el defensor consideró que ante la intromisión del crimen organizado en los cuerpos de seguridad estatal y municipal no deja muchas opciones para el Estado Mexicano, pero insistió en que la seguridad deberá estar en manos de órganos civiles y no castrenses.
CUERPOS DE SEGURIDAD DE MUNICIPIOS SON EL “TALÓN DE AQUILES”
Entre su numeralia, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), reveló que gran parte de las quejas que se reciben son en contra de autoridades municipales; en lo que va de este año tienen documentadas 716 expedientes.
“Las autoridades municipales son las más señaladas como violatorias de derechos humanos, tiene que ver con la parte de la Policía Municipal por ello lo ideal sería que se sigan formando los jefes de la Guardia Nacional que pudieran ser del ámbito civil y trabajar a la par con las policías municipales”, propuso Rodríguez Alamilla.
Insistió que el “talón de Aquiles” del estado son los Ayuntamientos de manera histórica, esto al realizar un balance sobre el gobierno de Oaxaca en materia de derechos humanos, a dos meses de que concluya la administración de Alejandro Murat Hinojosa.
“Es un área en donde se tiene que seguir trabajando ya que es justo ahí en donde encontramos las mayores violaciones a los derechos humanos, me parece que si no se atiende se puede caer en temas de ingobernabilidad”, advirtió.
Señaló que en los municipios se debe trabajar tanto en temas de justicia, así como el uso de la fuerza pública, toda vez que recientemente se han tenido casos de excesos además del uso ilegal de las atribuciones del funcionariado.
Reconoció que hay arbitrariedades no sólo de los cuerpos policiacos municipales sino también en materia de servicios públicos, de cómo se ejerce el poder municipal “existen municipios en donde hay verdaderos cacicazgos”, reconoció, sin aportar los nombres.
Situación que se ha derivado por la falta de atención y esquemas que puedan combatir esa situación, pero también la apuesta a una reingeniería institucional además de poner en marcha una verdadera administración y procuración de justicia.
“Se piensa que generando estrategias a nivel estatal y federal y olvidando a los municipios se logrará resolver la problemática y es lo que no se ha logrado”, señaló.
GRANDES RETOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Rodríguez Alamilla reconoció que aún existen grandes retos como el tema de las violencias contra las mujeres y niños, aunado al tema de pobreza y marginación.
En este sentido consideró que hay una grave crisis en estas áreas, toda vez que en la medida en que las mujeres se sigan manifestando revela que no se ha atendido el tema de justicia; enumeró una serie de leyes que se están planteando para su aprobación como la Ley Sabina o la Ley Vicaria, la cual han insistido en su aplicación.
“Sería importante poner oídos a esa serie de violencias, son los grandes retos en materia de derechos humanos”, expuso.
Ante los pendientes que aún existen en esta y otras materias, el defensor precisó que en la DDHPO se busca mejorar la atención “no se trata de generar expedientes por el contrario se pretende dar respuestas ágiles a la población”, planteó.
Tampoco se busca dar respuestas a las quejas en seis o siete meses, por el contrario, se pretende la aprobación de una iniciativa de ley para que se dé una resolución inmediata a las mismas.
Y aunque admitió que falta mucho por hacer, Rodríguez Alamilla concretizó que en Oaxaca se está en la lógica de transformar al órgano de derechos humanos.
