Ante la recurrencia de bloqueos que impiden el libre tránsito de las personas en la capital del estado, municipios conurbados y al interior de la entidad, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) instó al Estado a propiciar un Nuevo Pacto Social que retome las grandes problemáticas que fomentan esas manifestaciones.
Para la Defensoría, resulta importante reconstruir social, política e institucionalmente las formas en cómo nos relacionamos en nuestra entidad, ya que por décadas se ha incentivado que sea a través de marchas, plantones y bloqueos las maneras como se da respuesta a diversas necesidades de colectivos en nuestro estado.
Esta situación ha generado una constante tensión social entre quienes salen a las calles a manifestarse y la población civil que se ve afectada por el cierre de las calles, negocios y dependencias públicas, situación que, de no atenderse de manera pronta, puede generar una profunda erosión del tejido social.
Para el organismo autónomo, una sociedad en constante conflictividad social, supone un desfase de los acuerdos institucionales por medio de los cuales tendrían que canalizarse y resolverse las diferencias entre sus miembros, además de que genera altos niveles de violencia, incrementa la desigualdad, erosiona la democracia y dificulta la garantía y ejercicio amplio de derechos.
Por ello, resulta primordial, en el marco del relevo gubernamental, encontrar nuevas formas de planteamiento y atención a esas problemáticas y crear mecanismos institucionales ágiles, expeditos y eficientes que garanticen la gobernabilidad y respeto a los derechos humanos de todas personas.
Lo anterior implica una comunicación ágil y rápida entre gobierno y gobernados. Máxime cuando nuestra entidad presenta características sociales, económicas y políticas diametralmente distintas a otras regiones del país que hace poco viable la importación de fórmulas ajenas a nuestra realidad.
En este sentido, para la DDHPO es primordial que esa gobernabilidad se genere de manera local desde las propias regiones donde se producen las problemáticas, pues al no hacerlo muchas de esas situaciones se trasladan a la capital del estado y municipios conurbados.
De igual forma, la DDHPO reiteró que todas las personas tienen derecho a la libre manifestación y a disentir con políticas o acciones del Estado que consideren no garantizan sus derechos humanos, sin embargo, debe procurarse el equilibrio entre su derecho a la manifestación y los derechos de las demás personas.
La Defensoría de los Derechos Humanos reitera que, así como la violencia no se puede combatir por medio de más violencia, la exigencia de derechos debe hacerse a partir de la no vulneración de otros, pues lo contrario hace que las causas pierdan legitimidad, por más justas que estas sean.
Sin embargo, la DDHPO puntualiza que los Estados deben estar siempre abiertos al diálogo, pluralidad de ideas, disenso e incluso, al reclamo de su población, pues es sinónimo de una sociedad viva y democrática, en este sentido, se debe evitar al máximo el uso de la fuerza pública contra las personas en la gestión de manifestaciones.
Finalmente, la DDHPO hace un llamado a las autoridades, sindicatos, organizaciones sociales y personas en lo individual a no anteponer agendas particulares a intereses colectivos y asumir que la construcción de sociedades tolerantes, pacíficas y respetuosas de los derechos humanos es una responsabilidad de todas y todos.
