La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca a consideración de juristas “raya” en lo inconstitucional, es violatoria de los derechos humanos y promueve la privatización de servicios que hasta el momento son gratuitos para la ciudadanía y las comunidades de la entidad.
Juan José Meixueiro Orozco, presidente de la Barra Nacional de Abogados (Capítulo Oaxaca), consideró que las modificaciones propuestas parecen “una mala copia” de leyes similares de otras entidades. Las y los legisladores “privilegian el ejercicio del poder por encima de las decisiones e intereses ciudadanos”.
Por ejemplo, la propuesta de nombrar un consejo que examine a los aspirantes está equivocada, “sí se debe colegiar el órgano por el cual se examina a quien solicita una fe notarial, pero cuando brindan facultades para que el Ejecutivo Estatal en turno proponga 3 votos de cinco, le da un poder casi absoluto para la selección, se vuelve una simulación dejando todo a su arbitrio y en dado momento un voto más para la negociación con el Poder Legislativo y solo uno de cierta forma independiente, cuando en realidad se tiene que abrir a la ciudadanía”.
En cuanto a otorgarle facultades a la fe notarial para realizar actos de divorcio y así como la jurisdicción voluntaria, “ambas actuaciones no han funcionado en otras entidades, para empezar la legislación vigente en Oaxaca, admite el divorcio administrativo cuando no hay conflictos de bienes, ni de menores de edad y es la oficialía del registro civil la instancia que los atiende, prácticamente de forma gratuita, procedimiento que se debe privilegiar y se debe fortalecer“, expuso.
En relación al procedimiento de la jurisdicción voluntaria -puntualizó el abogado- se usa actualmente en la entidad, a través de alcaldes municipales o también por el juzgado de paz, a través de ellos y vía judicial, acuden en determinados asuntos donde interviene la autoridad judicial.
Precisó que proporcionar esas dos funciones a la fe notarial, “lo único que va a suceder es que a la ciudadanía se le va a encarecer esos servicios, por que al contrario, tendrá que contratar a un notario, pagarle sus honorarios y actualmente ambos no tienen ese costo, entonces la iniciativa es errónea va a mermar en su economía a la ciudadanía y a los pueblos”.
Meixueiro Orozco hizo un llamado en ese sentido a quienes integran el Poder Legislativo, “para que abran la discusión a quienes estamos en el campo de batalla, a quienes conocemos lo que es una jurisdicción voluntaria, a quienes hemos promovido estos actos, a los abogados no nos va a afectar porque nosotros no decidimos una jurisdicción voluntaria, somos quienes la solicitamos, al pueblo sí le va a costar y le va a mermar su economía, vamos a preguntarle a los pueblos si quieren pagarlo”.
Coincido plenamente que debe abrirse una discusión seria de las reformas a la ley del notariado, que debe iniciar desde el nombramiento de la patente notarial, porque se ha vuelto una decisión unilateral, que quienes ostenten ese cargo sean verdaderos juristas, con una calidad moral, con experiencia, “esas reformas son erróneas, son inconstitucionales”.
En cuanto a la inhabilitación o jubilación de las y los fedatarios debido a su edad, como jurista consideró que sería violatoria al principio de igualdad y a los derechos humanos, “todo individuo tiene derechos al trabajo, no se debe imponer un limite en la edad, por su experiencia. Hay notarios que ejercen con ética y profesionalismo, que tienen más de 70 años.
En cambio hay casos de recién egresados de la facultad de derecho, “hijos de… que ya salen con la patente, eso es lo que hay que revisar, la experiencia dentro del ejercicio de derecho como requisito, su experiencia laboral, no la edad”.
Sobre los exámenes y la legalidad de quienes han obtenido esas patentes, el abogado colegiado explico: “nunca hemos sido convocados, las convocatorias que se hacen, se hacen en lo oscurito y es grave que quede al arbitrio del Estado, si a los colegios de abogados que deberíamos participar no nos toman en cuenta, menos a la ciudadanía en general”.
El llamado “Cártel del despojo”, es un tema complejo, que no necesita reformas para sancionarse, las leyes ya existen y si algún profesionista participa en hechos ilegales existen herramientas jurídicas para sancionar este tipo de actuaciones indebidas, están en manos de la ley y procuración de justicia.
Detalló que la nueva administración debería regular lo realizado, “este nuevo gobierno está obligado a hacer una revisión exhaustiva de las nuevas patentes otorgadas, una revisión a todos los fíats otorgados, y actuar en consecuencia”.
Para el vice delegado de reglamentos de la Barra Nacional de Abogados (Capítulo Oaxaca) Daniel Fabila Montalvo, indicó que “cesar” a las y los fedatarios por su edad a los 70 años, “es una violación a sus derechos humanos, es algo erróneo, es injusto, sobre todo cuando la persona tiene lucidez y tiene mayor experiencia”.
En cuanto a las “fianzas” que son una especie de garantía que se les pediría a los y las fedatarios, calificó de “excesivo” este cobro, “las notarías están fiscalizadas, deben cumplir con leyes y reglas fiscales para evitar lavado de dinero, evasión, etc., por lo que exigirle estos pagos está demás”.
Luego de señalar que facultar a las patentes notariales a brindar servicios como el de los divorcios, “es privatizar estos servicios”, el abogado apuntó que más que reformas, el problema de las notarías, es la discrecionalidad con la que el Estado, ha provocado mala praxis otorgando fíats por compromisos políticos, conflicto que no se resuelve por un decreto o una ley.
Agregó que el nuevo gobernador, Salomon Jara Cruz tiene la responsabilidad de revisar a su llegada este tema y si encuentra irregularidades, tiene la ley en sus manos para revocar si fuera necesario. También sancionar a los involucrados en los actos de despojo aprovechándose de esos fíats.
La abogada y también fedataria Guadalupe Díaz, coincidió en que se debe reformar para cuidar y blindar a quienes llegan a ejercer la fe publica y de qué manera llegan a obtener ese nombramiento.
“Me llamó la atención lo que pretenden -las y los legisladores- impidiendo al notariado ejercer la fe publica, al cumplir los 70 año. Esto va en contra de los derechos humanos, nadie puede aseverar que una persona al tener determinada edad quede incapacitado para ejercer funciones como fedatario público”, puntualizó.
Recordó que hubo un intento de Reforma Constitucional al artículo 121 en este año, “pero la misma presidencia del Senado retiró esa propuesta porque así fue el sentir del notariado nacional, no se puede privar el ejercicio de seguir funcionando como notario por tener una determinada edad, va contra toda disposición de los derechos humanos”.
Añadió que “todos los notarios somos nombrados con el cargo de forma vitalicia lo cual me preocuparía que la quieran aplicar de manera retroactiva y no me parece tampoco sino es así, que se apliquen a quienes aspiran a ser nuevos fedatarios”.
A los 70 años se pueden someter a las y los notarios a estudios médicos para que se pruebe que sí están facultados para ejercer la fe pública, pero considerando que la media del notariado es de 65 años de edad en promedio, entonces en 5 años, ¿nos quedamos sin notarios?, cuestionó.
La fedataria abundó que de este paquete de reformas se puede retomar la propuesta de tener participación en la jurisdicción voluntaria “así podemos ayudar a desahogar la carga de trabajo del Poder Judicial y la económica del Estado, eso sí me parece importante”.
