La modificación al artículo transitorio tercero del decreto 1511, para retirar el plazo que establecía que la totalidad de los 417 ayuntamientos que se rigen por Sistemas Normativos Internos deberían contar con una integración paritaria de forma total en el 2023, no resolverá la violencia política contra las mujeres.
Exautoridades de diversos municipios de la Sierra Sur y Mixteca expresaron su desacuerdo a esta propuesta de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local, la cual fue aprobada el día de ayer.
En el año 2020 se reformó la Ley Electoral del Estado de Oaxaca para que de manera gradual, en el 2023 fuera posible la paridad en los municipios regidos por sistemas normativos indígenas, recordaron.
Mujeres como la regidora de Obras de San Jerónimo Coatlán de la Sierra Sur, Irene Santos López; la regidora de Hacienda de San Jacinto Tlacotepec Maricela Reyes Guzmán así como la exregidora de Hacienda de San Sebastián Nicananduta de la región de la Mixteca Aleida Donde Flores, se pronunciaron contra la paridad “gradual”.
“De los casi 100 municipios de los 417 que en este año ya han realizado sus asambleas generales comunitarias electivas, según información pública del Instituto hasta ahora sólo ocho municipios no han cumplido con esta medida, la nueva reforma revertiría los avances que se tienen en los municipios donde ya se viene ejerciendo y se han nombrado a las nuevas autoridades bajo criterios de paridad”, señalaron.
Para nosotras el hecho de que la ley garantice nuestra participación, es una herramienta, como la pala cuando limpias la maleza del campo, agregaron.
Insistieron que la violencia política contra las mujeres no se va a resolver con la reforma, porque la violencia política contra las mujeres no es consecuencia de la paridad, al contrario, dará mayor poder y legitimidad a quienes no quieren que participen.
“Es muy grave que un Congreso donde hay paridad estén dejándonos en estado de indefensión con este tipo de reformas. Las mujeres que actualmente ejercemos un cargo municipal, tenemos la obligación moral y ética para con las generaciones futuras de garantizar que ellas ejerzan sus derechos políticos en sistemas normativos indigenas, porque tenemos derecho de participar”.
Expusieron que la violencia política en razón de género se acabará cuando realmente todas las instituciones, de los diferentes niveles de gobierno así como todas las mujeres que ya tienen un cargo de diputadas, senadoras o servidoras públicas se involucren con acciones concretas, especificas para erradicar esta problemática de la violencia contra las mujeres.
Llamaron a las mujeres a tomarse su papel en serio, como servidoras públicas tienen que garantizar las condiciones para que las futuras generaciones ejerzan sus derechos.
“Exigimos respeto, las mujeres indígenas somos quienes hemos sostenido la vida de nuestros pueblos en gran medida, somos quienes hemos guardado conocimientos, prácticas culturales milenarias, merecemos que sean garantizados nuestros derechos”.
