En un comunicado, la Fiscalía General de la República, confirmó que abrió carpetas de investigación sobre la adquisición en el sexenio pasado del equipo Pegasus, además de su posible uso ilegal en el espionaje contra periodistas en el país.
Señaló que la adquisición por parte de la entonces Procuraduría General de la República, durante el sexenio anterior, del equipo de inteligencia “PEGASUS”, por la cantidad de $456,843,149.00 pesos.
Detalló que no existe justificación “para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.
La FGR manifestó que en dicha investigación se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa.
Señaló como presuntos responsables a Tomás “Z”, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, así como otros servidores públicos que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento.
Añadió que actualmente se está gestionando la solicitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal.
Por lo que toca al uso de dichos equipos, se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto.
Esta instancia, además indicó que también existe, en este caso, un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos.
Recordó que el 26 de agosto de 2021, esta Fiscalía ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo.
En este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión, precisó.
El 1º de noviembre de 2021, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” y fue puesto a disposición de la autoridad judicial, informó.
En tanto que el 6 de noviembre de dicho año, el Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado, así como también la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.
En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema “Pegasus” mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas. Conforme se vaya obteniendo mayor información al respecto, se dará a conocer, finalizó.
