La tarde de este martes 25 de octubre se dio a conocer que el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, fue absuelto del delito federal del que se le acusó denominado “Bronco firmas”, por usar recursos públicos para conseguir las firmas para su campaña electoral.
A través de redes sociales, Rodríguez Calderón dio a conocer la noticia y describió que desde un inicio su detención fue injusta y fuera de la ley. “Hoy, un juez federal lo confirma. He sido absuelto del supuesto delito electoral”, escribió en Twitter.
El abogado del ex mandatario neolonés, Víctor Olea explicó que hoy se llevó a cabo una audiencia donde el juez federal de control en el estado de Nuevo León, Juan Marcos Olguín Rodríguez estableció que fue “injusto e improcedente que se persiguiera al ex gobernador por el delito electoral”.
Aseguró que esto se debe a que era competencia federal y no cuadraba su conducta como “sujeto activo” del delito electoral que se le atribuía ya que era “exclusivamente atribuido a candidatos o precandidatos”.
Incluso, señaló que durante la audiencia se les reveló que previamente se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a nivel federal por el mismo delito y ya se había determinado que no debería ejercer la acción penal.
Finalmente se dijo que esto fue por el delito electoral y sigue pendiente el delito de abuso de autoridad por la requisa de la Ecovía, pero adelantó que están pendientes resoluciones de amparos a nivel federal. “Seguiremos en esa lucha para demostrar en ese delito lo mismo. Y esta resolución va a impactar a favor”.
El ex candidato presidencial en 2018 fue detenido el 15 de marzo del año en curso en el municipio de General Terán, Nuevo León, en un operativo en el que participaron elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Posteriormente fue trasladado al Penal 2 Norte de Apodaca.
El político mexicano contaba con dos carpetas de investigación en su contra: una por presunto abuso de autoridad en el caso Ecovía, debido a su actuación en la requisa de la empresa Transportes Tecno Ecológicos en 2016. La segunda tiene que ver con sus supuestos delitos electorales, por la que se le impuso prisión preventiva justificada.
A pesar de las medidas cautelares que se le dictaron, en junio una juez de control le otorgó el arraigo domiciliario.
